El plazo ya empezó a correr. Una vez que la oposición en sus distintos niveles permitió que por fin se pueda instalar el Consejo de la Judicatura de Transición, sus delegados han empezado con las reuniones previas para avanzar en esa titánica misión que es la de reestructurar el sistema de justicia.

Las primeras medidas han dado de baja a jueces, conjueces y servidores que estaban laborando de manera provisional gracias a un concurso efectuado por el ex titular de la Judicatura, Benjamín Cevallos, el cual tuvo muchas falencias y críticas por la falta de transparencia.

El cese de estos funcionarios -por suerte- ha sido tomado con sensatez desde el sector de la justicia, a pesar de que ciertos medios de comunicación ya están queriendo inyectar miedos infundados por esta medida. Judiciales, colegio de abogados y agremiaciones de la función han aplaudido la decisión una vez que se requiere que todos los servidores que laboren en las cortes provinciales estén en esos puestos por sus capacidades individuales y no como pago de un favor político.

El siguiente paso será el de la evaluación a todo el sistema. ¡Duro trabajo!, pero el pueblo ecuatoriano encomendó a estos tres delegados el pasado 7 de mayo esto y ellos deberán cumplirlo.

Luego de este tan complicado paso -que de seguro no será bien visto por mucho de los evaluados- se deberá continuar con un paso trascendental si es que se quiere tener una nueva justicia: el equipamiento y la modernización del sector.

Es lamentable, patético y vergonzoso ver a través de los noticieros como en nuestro país aún se cosen los archivos. Sí, con piola y todo. Es bochornoso, también, ver que para que en la corte de Quito funcione la computadora “hay que darle su golpecito de confianza”, como reveló uno de los secretarios de un juzgado de la capital de la República.
Paulo Rodríguez, delegado del Ejecutivo, será recordado por haber sido uno de los precursores de la renovación y modernización del Registro Civil.

El Ecuador entero sueña con que la justicia ecuatoriana sea llevada a “cero papeles”, que los sorteos sean transparentes, que en los juzgados las personas puedan rendir sus declaraciones en un ambiente digno y con las herramientas de seguridad necesarias para ese caso. Es todavía una quimera, pero el país ya está dando los primeros pasos, será responsabilidad de todos vigilar que nuestro mandato se cumpla.

Aldo Paredes
Guayaquil