Somos una pareja jubilada sobre los 70 años de edad. Nuestro hijo vive y trabaja en Quito desde 1997. Se casó con su esposa ecuatoriana en 2003. Compramos nuestra casa al  lado de ellos en Quito en 2005. Desde entonces estamos casi seis meses al año en Ecuador.

Una solución permanente sería pedir una visa de inmigrante y quedarnos como residentes. La condición de esta visa es que uno esté en Ecuador por nueve meses durante los primeros dos años. En vista de que nuestro país de residencia oficial sigue siendo Holanda, esta no es una opción. Entonces optamos por arreglar una visa 12 IX, de actos de negocio anualmente desde 2005 hasta  2017.

Pero llegó la nueva ley, que al parecer iba a ayudarnos para permanecer en Ecuador los días que requerimos sin tener que pedir la visa 12 IX. En 2017 fue la última vez que necesitábamos sacarla, ya que la nueva ley iba a entrar en vigencia desde agosto del mismo año. Según la ley, se puede pedir una extensión de 90 días a la visa de turista normal y así permanecer legalmente en el país 180 días por año.

Después de varias entradas y salidas en las que no tuvimos problemas, al ingresar el pasado 23 de febrero nos detuvieron en migración indicándonos que nuestros días para permanecer en el país se habían acabado. Una tercera persona admitió que hubo fallas y pérdida de información en el sistema migratorio y nos dejaron pasar.

Nos sentimos frustrados por la falta de información y conocimiento entre las mismas personas que laboran en migración. La información de los funcionarios en el aeropuerto es muy distinta a la de la oficina de Quito. Lo que sí tienen en común es que el sistema está incompleto y tiene fallas.

Si ni siquiera el propio funcionario de migración entiende la nueva ley, cómo esperan que unos turistas extranjeros interpreten la misma y logren mantenerse legales dentro del país. (O)

B.g.j. Evers., Quito