A propósito de la demanda del presidente Correa a un medio de comunicación y al periodista Emilio Palacio, entre otros, he visto que muchos emiten sus opiniones que van desde ofensivas hasta tendenciosas, por los sofismas que utilizan para manipular a la opinión pública, según dicen, en defensa de la libertad de expresión. Así, pues, no han faltado quienes sostienen que el honor del Presidente, por ser un personaje público, está en segundo plano, que la demanda es quitar la palabra a quienes no están con el poder, otros en solidaridad dejan espacios en blanco porque los espacios críticos en la prensa ecuatoriana corren el riesgo de desaparecer, etc., etc.
Considero que lo de personaje público hasta cierto punto es aceptable; el resto es falsedad, pero debe mantenerse el equilibro de la crítica, de la duda razonable, ya que cuando la prensa y los periodistas caen en esa crítica ruin, insultante, ofensiva, entonces nos damos cuenta de que se han ido a un extremo que debe obligarnos a reflexionar en la necesidad de adoptar alguna medida para corregir esas bajezas, pues de lo contrario ese desequilibrio se torna malicioso porque busca sembrar otra realidad lejos de la verdad en los lectores. Eso alguien tiene que hacerlo, no el ciudadano común, sino alguien que ponga un alto a ese gran poder de la prensa y de los periodistas, poder que muchos lo han llamado cuarto poder.
La prensa, ¡el cuarto poder! Qué privilegio más grande tienen los periodistas. Libertad de expresión por aquí y libertad de expresión por allá pregonan. Así buscan cubrirse de inmunidad para decir lo que les viene en gana, mientras el ciudadano común que no tiene esa libertad está sujeto a sufrir alguna demanda. Ese poder de la prensa, la todopoderosa, acostumbrada a endiosarse para ponerse por encima del honor de todas las personas, incluso por arriba de funcionarios públicos y hasta de los presidentes, hoy la vemos enfrentando una demanda de un gobernante que ha decidido decirles: “Hasta aquí nomás”.
Ya era hora de que alguien tome una decisión como esta, digan lo que digan en sus leguleyadas, pues con esto a los lectores nos brindan la oportunidad de asistir al debate que despierta a intelectuales, juristas, etc., permitiéndonos escudriñar los defectos para asimilar lo positivo y con ello proponer cambios y mejoras a nivel de organismos internacionales, que nos permitan a los ciudadanos mirar hacia adelante con otra calidad periodística, que sin dejar de ser crítica lo haga con la altura que los ciudadanos nos merecemos. Pues retirar la demanda como han clamado algunos, como la SIP, sería alentarlos para sostener que ellos tenían la razón y mentalizarnos en la opinión pública esa efímera realidad, como ya nos lo mostró la soberbia de don Emilio Palacio en la demanda que le interpuso don Camilo Samán.
Concluyamos entonces que asistimos a un poder versus otro poder, convencidos de que no es solo un periodista versus el presidente Rafael Correa, como algunos arguyen, sino que es el poder de la prensa el que está atrás de todo, porque los lectores nos damos cuenta que lo que dicen, escriben y opinan los periodistas está bajo el amparo de ese poder cuyos escritos deben estar a tono con su postura para no ser rechazados, aunque el punto de discusión no está en la opinión en sí, a la que todo el mundo tiene derecho, sino en las ofensas y en las aseveraciones infundadas que constituyen falsedad, que por ley en forma específica debe erradicarse para los periodistas, ya que parece que ellos se creen inmunes a las leyes actuales.
Ojalá a mí también me dieran espacio y publicaran esta opinión.
Atentamente,
Jorge Díaz N.
Escribe desde Nueva York
