Ante el incremento de desapariciones de menores, adolescentes y mujeres de los cuales,   en su mayoría, se desconoce su paradero, se deduce que pueden ser objetos de trata de personas con fines de explotación sexual en la prostitución nacional e internacional. Es necesario que el Gobierno Nacional tome acciones contra estas redes de  prostitución que constituyen verdaderas mafias y que se  castigue severamente esta explotación sexual  a las mujeres, tomando medidas como:

Penalizar efectivamente a proxenetas, rufianes y tratantes. En ese sentido, abogo por la reforma de los delitos de proxenetismo, rufianismo y trata de personas, adaptándolos a las convenciones internacionales.

La promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena, así como la trata de personas, deben ser perseguidas por sí mismas, sin que sea necesario probar la existencia de violencia, engaño, abuso de una situación e autoridad o de vulnerabilidad, amenazas o cualquier otro tipo de coerción o intimidación.
Poner fin a toda forma de represión contra las personas en situación de prostitución.

El Estado debe definir el marco jurídico sobre el cual basa sus posturas frente a la prostitución que proponemos debe ser el SISTEMA ABOLICIONISTA donde todo tipo de prostitución es explotación del cuerpo del otro/a y la considera una grave ofensa contra la dignidad de las mujeres, ya que las que mayoritariamente se encuentran en prostitución son mujeres. Considerar que las mujeres en prostitución son víctimas.

Reclamar políticas públicas que permitan que las personas puedan salir de la prostitución. Estas políticas deben comprender, como mínimo: trabajo, capacitación, vivienda, salud, educación.

Generar campañas de sensibilización de la población sobre la explotación sexual que supone la prostitución, la figura del “cliente” y su responsabilidad, la impunidad con que se manejan proxenetas, rufianes y tratantes, así como sobre la posibilidad de una sexualidad libre de las cadenas de la cosificación.

Eco. Miguel Zhagui Quirola