El informe extraordinario N° 2 de la Defensoría del Pueblo denominado ‘Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú’ (presentado al Congreso de la República en el mes de abril de 2007 por la entonces Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino) concluye:

“En algunos sectores de la población existe la percepción de que las actividades extractivas no son compatibles con la agricultura u otras actividades económicas como la ganadería y el turismo. Asimismo, existe la percepción de que el Estado está parcializado a favor de las empresas, por lo que promueve con mayor fuerza e interés las actividades extractivas. La población también percibe que el Estado prefiere y favorece a las empresas cuando se produce un conflicto que involucre a estas actividades extractivas” (página 62).

Según declaraciones periodísticas del director del Banco Mundial para América Latina, el costo de la contaminación le cuesta al país el 4% del PBI (página 63).

Es fundamental que el Estado dé a conocer una nueva forma de enfrentar este aparente dilema y renueve su compromiso con todas las actividades económicas promocionando con igual fuerza, y sin exclusiones, a todas ellas, como a la agricultura en todas sus modalidades, incluida la orgánica, la ganadería, el ecoturismo, entre otras, de gran potencial en algunas zonas naturalmente privilegiadas del país (página 63-64).

En opinión de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales se han originado fundamentalmente en la pérdida de confianza de los sectores históricamente postergados de nuestra sociedad con su Estado. Fuentes consultadas advirtieron que un alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas explicó a unos 80 empresarios mineros que varios de los estudios ambientales elaborados por las consultoras que contratan las compañías tienen párrafos íntegros copiados de otros estudios. No se trata solo del hecho del plagio, sino que ello revela también la falta de investigación propia.

Según un diagnóstico de la oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos (Unops) sobre las direcciones generales de asuntos ambientales mineros y energéticos, informan que la mayoría de funcionarios que revisa los estudios no tiene suficiente experiencia, gana poco y no son especializados en temas clave, como geología o hidrología.

‘¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú’ es la tesis doctoral del destacado investigador español Javier Arellano Yanguas, sustentada en el Instituto de Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex (Reino Unido). Publicada por los fondos editoriales de la Pontifica Universidad Católica del Perú, el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima, 2011).

El Gobierno central solo ve conspiración: cualquiera que promueva o apoye un conflicto en una zona minera es automáticamente considerado un activista antisistema, un enemigo del desarrollo  o incluso un simpatizante del terrorismo. Esta actitud autoritaria impide que los problemas puedan ser analizados correctamente y ha llevado a la generación de antagonismos cada vez más intransigentes. La ineficiente respuesta del Estado a los conflictos sociales y el recurso a la represión política podría catalizar la aparición de movimientos sociales.

Con respecto a las protestas en regiones mineras, Arellano sostiene sobre la población: “ (…) la mayoría de ellos argumentaría que no se oponen a la minería per se, sino a la forma en que las empresas actúan”.

“Si el Gobierno peruano desea hacer de la minería un pilar central para el desarrollo del país, necesita revisar sus políticas de promoción y regulación del sector minero”.

Iván Salas Rodríguez.