La justicia sigue siendo para los de poncho

Indudablemente aquel famoso dicho proveniente de nuestra jerga popular sigue en plena vigencia. El modus operandi del actual sistema de justicia sigue padeciendo las mismas taras de antaño, visto su accionar en dos hechos recientes. El uno, dado por la asombrosa rapidez con que actuaron jueces y fiscales de la fronteriza provincia del Carchi, para condenar con cinco años de prisión a un modesto ecuatoriano por el “gravísimo” delito de haber contrabandeado 40 galones de combustible. La otra cara de la moneda presenta a la misma justicia, pero ahora, ciega, sorda y muda, ante los diálogos telefónicos expuestos recientemente en las redes sociales sobre las maniobras delictivas con que los politiqueros corruptos en la década del 90 se repartían el país, teniendo como uno de los principales protagonistas nada menos que al actual alcalde de la ciudad más poblada del país. Sin necesidad de acudir a cálculos sofisticados, solamente con un muy elemental uso de la lógica y el sentido común, desde el punto de vista de las proporciones, ¿sería posible comparar el daño ocasionado a la sociedad por el doméstico contrabandista fronterizo, con respecto a la tragedia económica y social que, a lo largo de cuatro décadas (1966-2006), infligieron a todo un país conocidos y reconocidos delincuentes de cuello blanco? ¿Se podría cuantificar el perjuicio irrogado al pueblo ecuatoriano por la dirigencia politiquera cuando, solo para dar dos de tantos ejemplos, I) con sus inescrupulosos cálculos, en la práctica esquilmaron el 60% de nuestros recursos cuando mañosamente se decretó la dolarización de nuestra economía al cambio de 25.000 sucres por dólar; y II) el asalto flagrante a los bolsillos de los ecuatorianos por parte de la mafia de banqueros declarados en quiebra? En este escenario, sencillamente la lógica y el sentido común nos induce a cuestionar muy seriamente a una dizque renovada administración de justicia que todavía adolece de la tara social de considerar como ‘muy normal’ la irracional criminalización de la pobreza y como una ‘herejía’ siquiera pensar en aplicar la ley a personajes de alta alcurnia, pero en esencia, verdaderos pillos que, con el poder del dinero mal habido, aun en nuestros días, pululan como ‘honorables’ y ‘redentores’ actores políticos; cuando, precisamente allí, se puede encontrar a los responsables directos: del saqueo del petróleo, de la devastación de nuestra Amazonía, de la inmoral deuda externa, de la evasión de impuestos, del narcotráfico disimulado con el lavado de activos, del masivo éxodo de ecuatorianos, en fin, de la descomposición social que a inicios del nuevo siglo condujeron a Ecuador a la triste calificación de ser uno de los países más corruptos del planeta. En consecuencia, repugna constatar en nuestros tiempos cómo la presunción del delito y los atenuantes para el de poncho simplemente no existen y, por tal, no faltan los agenciosos jueces listos a sentenciar; en contraste con los históricos facinerosos de la politiquería nacional para quienes la administración de justicia, pese a tanta evidencia, se detiene temerosa en observar hasta el mínimo resquicio y cuidado de no violentar sus derechos humanos. ¿Hasta cuándo? (O)

Jacinto Alejandro Henríquez Barzola