Lic. Orlando Pérez
Director diario EL TELÉGRAFO
El sindicalismo ecuatoriano atraviesa por una de las peores crisis de su historia, que se refleja en una casi inexistente organización y una débil presencia de dirigentes sindicales. El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) hace mucho que no representa ni siquiera a la poca clase obrera organizada, clase obrera que desde hace rato abandonó a estas cuatro centrales sindicales (CTE, CEOLS, Cedoc, UGTE) que componen el FUT y que lo único que han hecho es fragmentarla.
Hace algunos años tuve el honor de ser parte de la delegación de una organización de izquierda revolucionaria para articular determinados acuerdos políticos cuando estábamos en el proceso de transición de la dictadura con el compañero Manuel Agustín Aguirre. Uno de los problemas que él ubicaba en la clase obrera era cómo sus ‘dirigentes’ fueron claudicando tesis revolucionarias en estrecha alianza con los abogados ‘de izquierda’. Alianza corrupta que buscaba beneficiarse de la lucha obrera: excesivas ganancias en los contratos colectivos, y en la ‘representación’ de esta clase obrera en el IESS, en Inecel, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, entre otras.
Pruebas al canto:
Cuando el general Paco Moncayo era alcalde de Quito, resolvió liquidar a los 147 trabajadores de la Empresa Metropolitana de Servicios de Transporte Terrestre, Terminales y Parqueaderos del Distrito Metropolitano de Quito, es decir despedirlos. Frente a esta situación, los trabajadores presentaron un pliego de peticiones y el pago de los derechos que garantiza el Código del Trabajo. La cuantía de estas indemnizaciones fue de más de $ 6 millones, la misma que es cancelada por el Municipio.
Para el pago inicial, por parte de los trabajadores, se designa al Dr. Iván Muela como su representante, quien pide el cuatro por ciento del total de lo requerido ($ 269.000) en el mencionado pliego, situación que es acatada por los trabajadores. El Dr. Muela fallece y la Fetralpi CEOLS les propone como abogados al Dr. José Alomía y al abogado institucional, el Dr. Rodrigo Castellanos, a los cuales se opone la mayoría de los trabajadores. Estos abogados, en abierto contubernio con los dirigentes de la Fetralpi CEOLS, han recibido los siguientes montos: el Dr. Alomía, quinientos veinte y seis mil dólares ($ 526.000) y otros extras; y el Dr. Castellanos, sesenta y cinco mil dólares ($ 65.000).
Esta liquidación, además, se da en dos partes: en la primera, se entregan $ 4 millones y medio en bienes y en recursos económicos, de los cuales, entre los dos abogados se llevan más de $ 800.000. En la segunda parte de esta liquidación, el Municipio de Quito les entrega $ 1’444.269,88 en bienes inmuebles, bienes que hoy pretende llevarse este abogado José Alomía, que -además- siendo el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, amenaza con juicios penales a quien intente cuestionar el manejo nada claro de los recursos de los trabajadores, amparándose en su ‘membresía’. (Hoy, esta dirigencia del Dr. Alomía, del Dr. García, militante del MPD, y del Dr. Altamirano, exdueño de la Universidad de Colombia, está siendo cuestionada por la mayoría de la directiva e incluso existe un proceso legal en curso en la Fiscalía.)
Toda una vida de trabajo para que sus beneficios vayan a esta cúpula de ‘dirigentes abogados’. Este es el famoso FUT y su compromiso con los trabajadores.
Hoy más que nunca es necesario construir espacios de unidad, democráticos y revolucionarios, que no solo defiendan nuestros intereses, como son el salario, la estabilidad laboral, los derechos de organización, sino también las transformaciones que exige la sociedad ecuatoriana. (O)
Manuel Pérez Rendón
