Señor licenciado
Orlando Pérez
Director de diario EL TELÉGRAFO
Presente.-

De mi consideración:

El lunes 18 de agosto, la Dra. Mónica Mancero Acosta, en su columna de opinión ‘La Universidad en la encrucijada’, expresa que las universidades, particularmente las públicas, atraviesan un período de “verdadero acoso”, y que los académicos “se encuentran entrampados en la búsqueda y el registro de evidencias (…) en una propuesta de evaluación absolutamente inconsulta con los propios actores de la educación superior”.
Al respecto, quisiera aclarar lo siguiente:

- La evaluación y acreditación de las universidades obedecen a un mandato constitucional, las cuales constituyen un proceso común en prácticamente todos los países del mundo, y que, en nuestro país eran absolutamente necesarias. Estos procesos requieren modelos de evaluación con indicadores definidos sobre la base de la información proporcionada por las universidades, y sustentada con evidencias que avalen su veracidad.

- Es obligación de una Institución de Educación Superior (IES) tener y procesar su información de manera continua para superar, no solo el modelo básico del Ceaaces sino sus propias proyecciones. No hacerlo significará la incapacidad de proporcionar la información requerida para la evaluación y, como excusa, declararse “acosados” por el Ceaaces.

- Establecida la evaluación de las IES como un mandato constitucional, esta no requiere consulta alguna para su realización, pero si la autora se refiere con evaluación “inconsulta” a que el modelo de evaluación aplicado no ha sido socializado y discutido con las IES, debe saber que la comunidad académica ha participado en talleres de socialización del modelo de evaluación institucional para su perfeccionamiento; que la construcción del modelo de medicina ha sido participativa y se han procesado sugerencias, inquietudes y observaciones, con más del 80% de aprobación de los participantes.

No queremos referirnos a la ligereza del comentario sobre el fortalecimiento “exclusivo” de “lo tecnológico y productivo en la educación superior”, pero sí expresamos nuestro acuerdo en el apoyo al desarrollo de las ciencias humanas y sociales en las universidades del país, que lleven a la formulación rigurosa de un pensamiento universal desde nuestra perspectiva nacional, y este permita la construcción de la sociedad del Buen Vivir, a la que aspiramos los ecuatorianos.