Guayaquil, 2 de octubre de 2012
Señor Director de Diario El Telégrafo

A la Senescyt, Fiscalía:

Es menester que se investigue y se sancione ejemplarizadoramente a quienes están detrás de los recientes escándalos que se han dado en la Universidad de Guayaquil.

Y esto es necesario por cuanto la desfachatez de esta gente no tiene límites. En el caso de los cursos de Enfermería, salen muy orondamente a decir ante las cámaras que están ofreciéndoles, a los y las participantes, una formación que aunque no es avalada por la Universidad les servirá para ingresar a trabajar en alguna entidad que los requiera.

¿Cómo es posible que se llegue a tales circunstancias? La respuesta es muy simple: utilizan el nombre de la Universidad para atraer a los estudiantes y estafarlos, entregándoles un certificado de asistencia que no lo avalará nadie, porque no es legal. Pero eso sí, han cobrado una cantidad de dinero que seguramente está engrosando alguna cuenta bancaria particular, toda vez que la Universidad no está facultada para hacer esos cobros. Pero sí se hacen de la “vista gorda”.

Y en el caso de los estudiantes que están por graduarse en Economía, les cobran por un seminario con tutores de tesis ajenos a la universidad, porque supuestamente la entidad no tiene suficientes magisters para que asuman esta que es su obligación.

El descaro es grande, los tutores no saben o no pueden o no quieren decir quién los contrató. Quien maneja o coordina las tutorías es el hermano del decano y entre ellos se contradicen en el número de magisters que tiene la facultad y que sería la causa para que ellos hayan buscado la salida fácil (cobrarles a los estudiantes una cantidad de dinero para pagar a los tutores particulares) a pesar de que los cobros estan reñidos con la Ley de Educación Superior.

Pero no todo queda en ellos (los hermanos que dirigen la facultad), supuestamente también están involucrados funcionarios de la Senescyt, que habrían permitido la viabilización de estos seminarios pagados, haciendo con ello letra muerta de la ley que indica la gratuidad de la educación en los establecimientos públicos regentados por el Estado.

Son apenas dos casos, pero estamos seguros que escudriñando nos encontraríamos con más. Esto no es otra consecuencia que la costumbre de años de haber esquilmado a los estudiantes, de extorsionarlos y conseguir dinero extra y malhabido para los bolsillos de autoridades de la Universidad que no se adaptan a las nuevas disposiciones.

Atentamente,

Ramiro Serrano Miranda
Durán - Guayas