Me refiero al editorial del domingo 28 de octubre de 2018, “El gato de Assange”, que contiene aseveraciones falsas, que desinforman a los lectores del diario.
El editorial abre con la afirmación “Se llama James...”, lo cual es falso, un error intrascendente, ciertamente, aunque sí evidencia cómo el tema está cargado de desinformación.
Luego se pregunta: “¿Por qué apostar a un protocolo de visitas y comunicaciones?”, en referencia al nuevo “protocolo” que la Cancillería pretende imponer en la embajada en Londres, como infiriendo que antes no habría normas.
Por el contrario, siempre ha habido protocolos, por demás estrictos, por cierto. Nunca ninguna visita entró sin autorización y sin pasar por los protocolos. No es cierto que Assange “recibe demasiadas visitas”. Es absolutamente falso que “tuvo 62 en los últimos seis meses de este año” (lo cual, si fuese cierto, que no lo es, daría un promedio de una visita cada tres días. ¿Demasiadas visitas?).
Desde el 28 de marzo de 2018 el Gobierno ha sometido al periodista Julian Assange a una vergonzosa incomunicación, con prohibición de visitas, a excepción de su equipo legal, con inhibidores de señal telefónica nocivos para la salud, que afectan al personal en la misión.
La consejera General de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, a quien “el gobierno le impidió visitar a Assange”, ha dicho: “El hecho de que Ecuador le niegue acceso a internet y a los visitantes es incompatible con su concesión de asilo. Su refugio en la embajada parece cada vez más un confinamiento en solitario”. ¿Tendría EL TELÉGRAFO el mínimo balance periodístico para entrevistarla?
Su editorial dice: “... utilizó sus redes sociales para criticar a otros estados que tienen buenas relaciones con Ecuador... escribió en su cuenta de Twitter: “Madrid es culpable de represión””. ¿Acaso los periodistas no están para denunciar los abusos de poder? Cientos de periodistas de todo el mundo denunciaron la represión contra ciudadanos pacíficos en Cataluña, incluido en el diario que usted dirige.
Es falso y maniqueo afirmar que los asilados políticos pierden su libertad de expresión y no pueden ejercer su derecho de opinión, puesto que son derechos fundamentales. Ningún tratado así lo establece, ni podría hacerlo.
¿Ha escuchado usted, alguna vez, que un asilado político perdió su asilo por opinar? Es inadmisible que un gobierno le condicione a una persona, en este caso periodista y asilado político, a opinar solo lo que el gobierno aprueba, y a entrevistarse solo con quien el gobierno le permite (¿Usted lo admitiría?). El hacerlo bajo la amenaza y el chantaje de terminar con el asilo es, además, canallesco y en contra de las obligaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un estado que concede asilo.
La “Acción de Protección” (¿la leyó usted?) no es una confrontación con el Estado, sino una reivindicación de derechos fundamentales, suprimidos y condicionados por el protocolo de marras, que convierte al régimen de la embajada casi en un régimen presidiario, como instrumento represivo para atosigar al asilado político.
Afirma que la “relación decayó”, pero no menciona 7 meses de aislamiento, violatorio de derechos humanos bajo cualquier estándar, que es el origen de la “Acción de Protección” que poco, o nada, tiene que ver con alimentos, medicinas o lavandería. Mucho menos con el gato cuya comida jamás ha sido pagada por Ecuador, como tan cínicamente se miente en su editorial.
Julian Assange no es un reo. Ningún juez lo ha acusado de nada. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado su situación como una detención arbitraria. Es increíble que ahora deba enfrentar la represión del mismo país que lo ha protegido más de 6 años. Una represión a la que su editorial, sin rubor, le hace coro al publicar obsecuentemente el libreto del Gobierno, justo un día antes de la audiencia por la Acción de Protección.
Por respeto a sus lectores, cuyos impuestos pagan su salario, y la credibilidad de EL TELÉGRAFO, solicito a usted la publicación de esta carta.
Fidel Narváez
Excónsul de Ecuador en el Reino Unido