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El Telégrafo

Campaña financiada

13 de enero de 2012

La Asamblea Nacional aprobó recientemente que un funcionario público puede participar en las próximas elecciones sin pedir licencia sin sueldo o renunciar a su cargo, ya que este funcionario podría ejercer ambas funciones simultáneamente, pese a que, según la Losep, solo puede hacerlo cuando ejerza la docencia, pero ahora podrá laborar en una entidad pública y realizar campaña política para conseguir la dignidad que quiera o seguir en el cargo de elección popular; contradiciendo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 113 de la Constitución de la República.

Situación que significa que el Estado y el pueblo pagarían un sueldo a un funcionario público para que haga su campaña política, para beneficio personal y no del país, y además, disponga de los recursos y fondos del Estado para dicha campaña, en lugar de que todos los gastos sean asumidos por el candidato y no por el Estado, por lo que se establece que se debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 229 de la Carta Magna, sobre quiénes son funcionarios públicos.

El Estado no puede mantener esta situación inconstitucional que perjudicaría la economía del país, por cuanto es suficiente para financiar esta campaña los fondos que entrega el Gobierno a todos los partidos y movimientos políticos, caso contrario, se estaría realizando un doble desembolso.

¿Por qué se mantiene esta situación política? ¿Por qué lo aprobado por la Asamblea Nacional no está de acuerdo con lo dispuesto por la Losep y la Constitución de la República? ¿Es ético que un funcionario público cobre sueldo y el Estado financie su campaña política que está realizando simultáneamente?

Eco. Ángel Calderón Mayorga
C.C. 0903359776

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