Tres acontecimientos han llamado la atención en estos días, relacionados con la comunicación y la libre expresión. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ha cumplido un año en nuestra embajada en Londres, tras recibir el beneficio del asilo de parte de nuestro Gobierno. En esta semana la Asamblea aprobó, por amplia mayoría, la Ley de Comunicación; y, finalmente, se acrecienta el escándalo del espionaje telefónico y virtual por parte de EE.UU.
Assange hizo declaraciones para la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable (Cupre), celebrada en Guayaquil, aseverando que “el mundo está dominado por un centro de poder liderado por EE.UU., que cuenta con instituciones como la CIA que ha emprendido una batalla para controlar la información y la comunicación en todo el planeta”.
Assange escandalizó al mundo con sus revelaciones sobre la red de espionaje mundial montada por Norteamérica a través de sus embajadas. Salieron a luz muchos nombres de agentes, informantes y fundaciones a su servicio en todos los países del orbe. Se lo pretende acallar, incluso, a costa de su misma vida.
La Ley de Comunicación en Ecuador, por su parte, limita el poder de facto de los grupos económicos propietarios de los grandes medios, provocando las más airadas reacciones de la prensa mercantilista a nivel mundial, temerosa que esta experiencia sea contagiosa.
Por otro lado, va en aumento el escándalo por el espionaje telefónico y virtual, según Edward Snowden, exagente de la CIA, quien denunció sobre escuchas masivas del Gobierno a sus propios ciudadanos y a personas e instituciones en el mundo.
Son tres momentos que ponen sobre la mesa el tema de la libertad de expresión, cómo y para quién, o para quiénes.
José Regato
