Agua para la Península es una empresa privada llamada Aguapen S.A., creada con fondos y bienes públicos, desde los bienes de la oficina y vehículos hasta la planta potabilizadora de agua cruda es del Estado, ubicada en el km 115, vía a la Costa, antes de llegar a Santa Elena. Sus oficinas administrativas están en Salinas, compañía constituida el 16 de diciembre de 1999, con un capital social de 100 millones de sucres, conformada por los accionistas de la ex Cedegé (ahora Senagua), con 55 millones de sucres; y los municipios de La Libertad, Salinas y Santa Elena, con 15 millones de sucres cada uno, que suman 45.
Esta compañía se creó para dar el servicio de agua y alcantarillado sanitario a los moradores de la península, creando bienestar a la población y desarrollo económico a la región, pero los que se han beneficiado son sus directivos y ejecutivos, con grandes sueldos y beneficios sociales, como también con suculentos negociados.
La compañía operadora contratada por Aguapen S.A. solo factura y cobra el 40% de la producción total de agua potable en metros cúbicos, encareciendo al usuario el consumo del líquido vital, ya que tiene que financiarse el 100% de los gastos operacionales y de los costos de producción.
A pesar de que es una obligación contractual de la firma operadora hacer seguimiento y detectar las guías clandestinas, para aumentar el porcentaje de facturación y cobro, no ha cumplido con dicha obligación y se la sigue manteniendo como operadora de Aguapen S.A.
Con la creación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), Aguapen S.A. e Hidroplayas S.A. -que ha sido manejada de igual forma- debieron estar adscritas a los municipios que las crearon con sus fondos públicos, pero estas compañías se siguen manejando independientemente, como unas empresas privadas, sin rendir cuentas a sus accionistas y propietarios.
El Gobierno debe exigir que la Contraloría General del Estado examine la situación financiera, técnica, operativa y jurídica de Aguapen S.A. e Hidroplayas S.A., para que aumente el porcentaje de facturación y cobro de las empresas operadoras, como también que se determine si hay o no guías clandestinas en esta facturación y servicio de agua potable, y para que cumplan con el programa y plan de instalación de nuevas guías, que dará el servicio de agua potable a todas zonas marginales de La libertad, Salinas, Santa Elena y Playas, a un precio económico y social, mas no como el que se mantiene hasta ahora, sin ningún análisis técnico, económico, operativo y político.
¿El interés social debe estar sobre el interés personal y político? ¿Por qué no rinden cuentas Aguapen S.A. e Hidroplayas S.A. a sus accionistas y propietarios? ¿El precio de cada metro cúbico de agua potable que se cobra al usuario es económico y social?
Dr. César López Iturralde
C.C. 0903358778
