Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio, mientras espera la decisión del Gobierno de Ecuador sobre la posibilidad de concederle asilo político. Es interesante, si bien agravante, ver cómo la gente que se supone se ocupa de los derechos humanos y la libertad de expresión ha reaccionado ante esta historia.

Aunque Assange no ha sido acusado de ningún delito, el gobierno sueco ha solicitado su extradición para ser interrogado. Desde hace más de 19 meses el gobierno sueco se ha negado a explicar por qué no podría ser interrogado en Reino Unido. El ex jefe de distrito de Estocolmo, fiscal Sven-Erik Alhem, declaró que la decisión del gobierno sueco de extraditar a Assange es “poco razonable y poco profesional, así como injusta y desproporcionada”, ya que puede ser fácilmente interrogado en Reino Unido.

Por supuesto, no es difícil entender por qué los enemigos de Assange lo quieren en Suecia: iba a ir a la cárcel e iba a tener acceso limitado a los medios de comunicación y los procedimientos judiciales se llevarán a cabo en secreto. Pero lo más importante, sería mucho más fácil conseguir su extradición a los Estados Unidos. Aquí en EE.UU. hay una investigación penal en curso de WikiLeaks, y de acuerdo a los correos electrónicos de inteligencia filtrados de la agencia privada Stratfor, una acusación criminal contra Assange ya ha sido preparada. Poderosas figuras políticas, como la demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., han pedido su enjuiciamiento en virtud de la Ley de Espionaje, la cual tiene pena de muerte.

Por estas razones y muchas más, es muy probable que el Gobierno de Ecuador decidirá que Assange tiene un temor bien fundado de persecución política y le concederá asilo político. Sin embargo, es sorprendente y vergonzoso que las organizaciones cuya profesión es la defensa de los derechos humanos y las libertades de prensa no sólo hayan guardado silencio sobre la cuestión del derecho de asilo de Assange, o la persecución política de Suecia a un periodista, y además ataquen a Ecuador. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, director para las Américas Mira de la división de Human Rights Watch (HRW), ha declarado: “Creo que es irónico que usted tiene un periodista, o un activista, en busca de asilo político de un gobierno que tiene -después de Cuba- el más pobre registro de la libertad de expresión en la región, y la práctica de perseguir a los periodistas locales cuando el Gobierno se molesta por sus opiniones o investigaciones”.

Gran parte de los medios de comunicación usó esto, tal vez sin saber mucho acerca de los medios de comunicación en Ecuador, y sin darse cuenta de que cualquiera de las otras democracias independientes en América del Sur también pueden conceder asilo a Assange. Cuando Assange fue detenido por primera vez en 2010, el entonces presidente Lula da Silva, de Brasil, denunció la detención como “un ataque a la libertad de expresión”. Y criticó a otros gobiernos por no defender a Assange. Si estaba claro para Lula y otros gobiernos independientes que Assange fue perseguido políticamente, ahora es aún más evidente.

El problema es que Suecia no tiene una política exterior independiente de Estados Unidos, por lo que el gobierno sueco no va a aceptar la oferta de Assange de venir a Suecia si se le promete que no será extraditado a EE.UU. Suecia ha colaborado con EE.UU. en la entrega de dos egipcios a la CIA con el programa de "capturas extraordinarias", por el cual fueron llevados a Egipto y torturados. Naciones Unidas encontró que Suecia violó la prohibición mundial de la tortura por su papel en este delito.

Se podría tener mejores expectativas de una organización de derechos humanos que se supone es independiente de la agenda política de cualquier gobierno. Pero el ataque de Vivanco a Ecuador es inexcusable. Para cualquiera que esté familiarizado con conocimiento sobre los medios de comunicación en Ecuador sabe que son sin censura y más de oposición que los de Estados Unidos con su respectivo gobierno.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha montado una campaña política similar contra Ecuador, acusándolo falsamente: “La administración de Correa ha llevado a Ecuador a una época de represión generalizada por la presentación de demandas por difamación”.

Lo que Human Rights Watch y el CPJ están haciendo es tomar ventaja del hecho de que pocas personas fuera de Ecuador tienen alguna idea de lo que sucede allí. Buscan apoderarse de ciertos eventos para transmitir una impresión totalmente falsa de la situación de la libertad de prensa que existe.

Para ofrecer una analogía, se da la circunstancia de que Francia y Alemania tienen leyes que tipifican como delito, punible con multas y penas de prisión, mentir sobre el Holocausto, y recientemente han enjuiciado a personas bajo estas leyes. Personalmente, estoy de acuerdo con una serie de estudiosos que ven a estas leyes como un atentado a la libertad de expresión y creen que deben ser derogadas. Pero yo no pretendo dar a entender que las personas que han sido acusadas en virtud de estas leyes, como el líder de extrema derecha Pen Jean-Marie Le, de Francia, son defensores de la libertad de expresión. Tampoco voy a tratar de crear la impresión de que esas leyes, ni su aplicación, son parte de generalizadas “medidas enérgicas” contra la oposición política, o que Francia y Alemania son los países donde la libertad de expresión está bajo ataque del gobierno.

Si yo fuera lo suficientemente estúpido como para hacerlo, nadie me creería, debido a que Francia y Alemania son los países grandes y ricos, mucho mejor conocidos en el mundo que Ecuador.
Echemos un vistazo a uno de los principales casos que grupos como America Watch y el CPJ se han quejado. En febrero pasado, el máximo tribunal del país confirmó una condena por el delito de calumnia contra diario El Universo, tres directores y un editor de opinión fueron condenados a tres años de prisión y 40 millones de dólares en daños y perjuicios. El presidente Correa anunció un indulto para las condenas 13 días más tarde, por lo que no se castigó a nadie.

Como señalé anteriormente, estoy en contra de las leyes de difamación penal y estaría de acuerdo con la derogación de dichas leyes. Pero decir que este caso representa una “ofensa” a la libertad de expresión es más que una exageración. Estas personas fueron declaradas culpables de difamación, ya que han dicho mentiras muy grandes acusando falsamente a Correa de crímenes contra la humanidad. Bajo la ley ecuatoriana se puede -como cualquier otro ciudadano- demandarlos por difamación, y el tribunal puede encontrarlos culpables. Al igual que Le Pen en Francia fue encontrado culpable de haber “negado un crimen contra la humanidad y fue cómplice en la justificación de los crímenes de guerra”.

Grupos como Americas Watch y el CPJ están seriamente tergiversando lo que está pasando en Ecuador. En lugar de ser una batalla heroica por la libertad de expresión contra un gobierno que está tratando de “silenciar a los críticos”, es una lucha entre dos actores políticos. Un actor político son los principales medios de comunicación, cuyos propietarios y sus aliados utilizan su control sobre la información para promover los intereses de la riqueza y poder que se utilizan para gobernar el país; en el otro lado hay un gobierno democrático que está tratando de llevar a cabo su programa de reformas, para lo cual fue elegido.

En este contexto, es difícil tomar en serio las quejas de estos grupos sobre que las críticas del presidente Correa a los medios de comunicación son una violación de los derechos humanos.
Aunque yo no defiendo todas las acciones del Gobierno en su batalla contra medios de comunicación hostiles, politizados, creo que las organizaciones de derechos humanos que exageran y tergiversan lo que está pasando en Ecuador socavan su propia credibilidad, aún cuando puedan salirse con la suya en la opinión pública de EE.UU. Es igualmente preocupante que no puedan encontrar el valor –como defensores de los derechos humanos más independientes lo han hecho, tales como el Centro de Derechos Constitucionales- para defender a un periodista que está siendo perseguido por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados.

*Mark Weisbrot
Editorialista de The Guardian