Si uno pregunta a actuales o anteriores colaboradores de WikiLeaks cuál es su mayor miedo, casi nadie cita el ser procesado por su propio país. La mayoría confía en el sistema judicial de su país para reconocer que no han cometido ningún delito. El principal miedo es ser entregados a los EE.UU. Este contexto es crucial para entender la lucha de 16 meses que lleva Julian Assange para evitar la extradición a Suecia, una lucha que el martes pasado le hizo buscar asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.

Las pruebas de que EE.UU. quiere enjuiciar a Assange son sustanciales. No cabe duda alguna de que el Departamento de Justicia de Obama ha reunido a un gran jurado activo para investigar si WikiLeaks ha violado la Ley de Espionaje draconiana de 1917. Senadores clave, del partido del presidente Obama, incluida Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, han pedido públicamente su procesamiento bajo ese estatuto. Un email filtrado, procedente de la empresa de seguridad Stratfor -difícilmente una fuente determinante, pero igualmente válida- indica que una acusación sellada ya se ha obtenido en su contra. Prominentes personalidades estadounidenses de ambos partidos han exigido su encarcelamiento de por vida, lo han llamado terrorista y hasta han abogado por su asesinato.

Por varias razones Assange ha temido durante largo tiempo que los EE.UU. serían capaces de coercionar a Suecia para que lo entregue con mucha más facilidad que si estuviera en Gran Bretaña. En primer lugar, países pequeños como Suecia son generalmente más susceptibles a la presión y bullying de Estados Unidos.

En segundo lugar, Suecia tiene una historia inquietante de entregar extrajudicialmente sospechosos a los EE.UU. En el 2006 una sentencia de la ONU señaló que Suecia estaba violando la prohibición mundial de la tortura por ayudar a la CIA a entregar a dos sospechosos de terrorismo a Egipto, donde fueron brutalmente torturados (ambos habían pedido asilo en Suecia y fueron finalmente declarados inocentes de cualquier conexión con el terrorismo y recibieron una indemnización del gobierno sueco).

Tal vez lo más alarmante de todo sea que la ley sueca permite unos grados extremos de secretismo en procedimientos judiciales y condiciones opresivas previas al juicio, posibilitando que cualquier transacción entre Suecia y EE.UU. respecto a Assange se efectúe más allá del escrutinio público. Irónicamente, hasta el Departamento de Estado de EE.UU. condenó las “condiciones restrictivas de los detenidos durante la custodia previa al juicio” que existen en Suecia, incluyendo restricciones severas a la comunicación con el exterior.

El miedo de Assange de caer en las garras de los EE.UU. es del todo racional y bien fundado. Solamente hay que ver el trato que durante la última década han recibido los ciudadanos extranjeros acusados de perjudicar la seguridad nacional de los Estados Unidos, para saber que es así; estas personas todavía se siguen encarcelando rutinariamente por largos períodos de tiempo sin cargo alguno ni un debido proceso. O considerar el trato a Bradley Manning, el acusado de las filtraciones a WikiLeaks: una investigación formal de la ONU encontró que sus condiciones de régimen de confinamiento solitario extremo anteriores al juicio eran “crueles, inhumanas y denigrantes”, y que ahora se enfrenta a delitos capitales por ayudar a Al-Qaeda. La  obsesión sin precedentes de la administración Obama de perseguir a los whistleblowers y de impedir la transparencia -lo que incluso las revistas liberales y generalmente favorables denominan “La guerra de Obama contra los whistleblowers”- convierte estos miedos en más tangibles.

Nadie con sentido de la responsabilidad debería haber formado un juicio sobre la culpabilidad o no, respecto a que Assange haya cometido algún delito en Suecia. Ni siquiera lo han acusado hasta ahora, ni tan siquiera ha sido procesado o condenado de agresión sexual, y tiene derecho a la presunción de inocencia. Las acusaciones que se han hecho en su contra son muy graves, y merecen ser tomadas con la máxima seriedad y se les debe otorgar una resolución justa y legal.

Pero el fundador de WikiLeaks, como todo el mundo, está plenamente en su derecho de acogerse a todos sus derechos legales, y es peligroso e irresponsable el insinuar, como han hecho algunos, que ha hecho algo indebido en acogerse a ellos. Pedir asilo basándose en la violación de derechos humanos es un derecho que ha existido desde hace mucho y bien reconocido por el derecho internacional. Es indigno, en el mejor de los casos, en insistir que tiene que renunciar a sus derechos para poder mandarlo a Suecia tan rápidamente como sea posible.

Assange no es un fugitivo y no ha huido. Todo el mundo sabe donde está. Si Ecuador rechaza su solicitud de asilo, estará de nuevo en las manos de las autoridades británicas, quienes probablemente lo extraditarán a Suecia sin demora. En todo momento se ha adherido a la ley, y no la ha infringido. Su petición de asilo del (martes) no es ninguna excepción.

Julian Assange ha suscitado una intensa animosidad hacia su persona, especialmente en los círculos de los medios de comunicación -una ironía reveladora, dado que él ha ayudado a aportar más transparencia y ha generado más noticias y más primicias dignas de publicación que todos los medios de comunicación juntos en los últimos años-. Esta animosidad a menudo conduce a que las voces en los medios dejen de lado sus supuestas convicciones y principios, por un afán de verlo humillado o castigado.

Pero el choque de egos y los conflictos de personalidades en los medios de comunicación son penosamente triviales cuando se miden con lo que está en juego en este caso: tanto para Assange personalmente, como para la mayor causa de la transparencia. Si es culpable de algún crimen en Suecia, debería responder por ello.

Pero hasta entonces, tiene todo el derecho de acogerse a las protecciones legales disponibles al resto del mundo. Y aun más, como extranjero acusado de perjudicar la seguridad nacional de los EEUU, tiene todos los motivos para querer evitar encontrarse en la farsa que se conoce como el sistema judicial de los Estados Unidos.