El posible asilo de Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se trabaja en dos frentes distintos: en Quito y en Londres.

Ayer, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la capital ecuatoriana, hubo total hermetismo sobre el tema. La disposición que trascendió desde la oficina de Comunicación fue clara: “las únicas declaraciones oficiales sobre este tema las darán el canciller Patiño y el presidente Correa”. 

Sin embargo, extraoficialmente se conoció que el vicecanciller, Marco Albuja  - quien es además experto en derecho internacional-, se reunió ayer con su equipo de trabajo para adelantar criterios sobre la decisión que adopte el Estado sobre el destino de Assange, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres.

Ese primer borrador lo socializarían -tentativamente- mañana con el presidente Rafael Correa y con el canciller Patiño, luego de que ellos retornen de Brasil, en donde participan en la Cumbre Río+20. “Assange está recibiendo todos los servicios y la atención necesaria y no ha hablado con el presidente Rafael Correa”, recalcó Patiño.

Mientras que Correa, en una breve declaración a los medios de comunicación, aseguró que “Somos un país de libertades” y añadió que se analiza la petición de Assange.

Horas después, en una entrevista al diario brasileño Folha reiteró lo mismo, pero aclaró que no se negocia con Reino Unido. “No existe ningún tipo de negociación”, destacó y agregó que, al parecer, Reino Unido prepara una respuesta oficial a Ecuador.

También señaló que a Assange lo ampara el derecho internacional para permanecer en la Embajada ecuatoriana en Londres.

Luego, en otra entrevista para Telesur, aclaró que el análisis de la Cancillería a la solicitud se hace en base a los derechos que otorga la Constitución ecuatoriana.

En Reino Unido, la embajadora ecuatoriana en ese país, Ana Albán, se reunió con representantes del gobierno británico. En un comunicado, la representación diplomática calificó al diálogo como “cordial y constructivo”.

En ese encuentro Albán les habría explicado a las autoridades británicas que la decisión que tome la Cancillería en Quito sobre Assange “tendrá en cuenta la larga y bien establecida tradición de Ecuador en apoyo a los derechos humanos” y se dejó en claro que no se pretende intervenir en los asuntos del Reino Unido ni de Suecia, país que requiere a Assange. Los ingleses prefirieron no comentar sobre el tema.

Desde Washington, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, en su conferencia de prensa diaria, señaló que el caso es un asunto entre “Ecuador, Gran Bretaña y Suecia”.

La normativa internacional

El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 1 y 4 de la X Conferencia sobre Asilo Territorial de Caracas, del 28 de marzo de 1954, facultan -más no imponen- a los países a otorgar asilo político a quien lo solicite.

El artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos estipula que  en  caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Allí se sostiene que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos o principios de las Naciones Unidas.

Mientras que la normativa sobre Asilo Territorial, un tratado firmado solo por los países americanos, en el artículo 4  dispone que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.

Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, señaló que el asilo es un derecho de todos los países.

El caso de Assange involucra a varios Estados, pues él es australiano pero está siendo juzgado por Suecia, quien pidió su extradición a Reino Unido, país donde reside. El creador de WikiLeaks, acusado de delitos sexuales, ha rechazado los cargos y denuncia ser perseguido político de Estados Unidos, por la filtración que hizo su organización de cables secretos.

Para Levi, “Assange no se siente seguro sobre su juzgamiento y siente que hay vulneración de derechos por el proceso que se le está juzgando y que el tema central por el cual se le busca extraditar a Suecia no es el supuesto delito sexual, sino que piensa que detrás de todo hay un tema político de fondo”.

Considera que el Estado deberá entonces analizar internamente por qué se otorga o no el asilo político. En ese análisis  establecer que no se trate de un delincuente común, hallar el fondo político que podría afectar a la persona y luego de ese estudio, pronunciarse.

“Si se le concede, Assange entrará bajo la soberanía y jurisdicción del Estado ecuatoriano”, explica Levi, y por esta razón, si le otorga ese derecho, tendrá limitaciones que serán impuestas por el Ecuador.

Una de ellas será no pronunciarse  públicamente sobre acontecimientos de política externa e interna de los países. Si Ecuador otorga el asilo, Assange deberá trasladarse a Quito. Es ese viaje el más difícil. Así lo expone un análisis publicado ayer por el medio público inglés, la BBC.

Helena Kennedy, abogada experta en derechos humanos, le dijo a la BBC que ve poco probable que Reino Unido le entregue a Assange un salvoconducto.