Varios cables filtrados por Wikileaks revelan los mecanismos “diplomáticos” que ejercieron las delegaciones de los EE.UU. en Ecuador desde el año 2006, luego de que en el 2000 Oxy traspasó parte de sus acciones en el bloque 15 a Encana, una tercera compañía, sin previo consentimiento de Petroecuador y del entonces Ministerio de Energía y Minas. El objetivo de los EE.UU. era obligar al Ecuador a retroceder en su decisión de no contratar con la Empresa Occidental Petroleum OXY, independientemente de que el proceso jurídico estaba en marcha.

Kristie Kenny y Linda Jawell no tuvieron límite para presionar a funcionarios del más alto nivel, empezando por dos jefes de Estado, ministros y autoridades judiciales. Lo más grave es que algunos de ellos cedieron a las “presiones”,  respondiendo a las directrices e intereses de los EE.UU. El ex procurador general del Estado, José María Borja, jugó con sus propias reglas, según algunos cables, por lo que fue puesto en la mira y objeto de algunos reportes (ver el recuadro de la siguiente página).

La carta de presión permanente fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Ecuador, que se empezaba a negociar en el 2004, año en el cual se ventilaban también dos juicios en contra de la Petrolera Occidental Petroleum Company OXY: uno por la demanda que la Empresa Petrolera OXY entabló en contra del Estado ecuatoriano para exigir  que se le devuelvan 75 millones de dólares por las recaudaciones del IVA, y el otro por  alteraciones contractuales: sobreexplotación de pozos petroleros y la cesión de derechos a la empresa canadiense Encana, entablado por Petroecuador.

Sobre el primer caso, los árbitros internacionales fallaron a favor de OXY en julio de 2004. El  procurador José María Borja anunció la apelación del caso ante las Cortes de Queens, en Londres, y solicitó la investigación de todas las empresas que operaban en el país.

La postura del Procurador fue rápidamente monitoreada por la Embajada y dio rienda suelta a una serie de movimientos diplomáticos en distintos niveles y espacios para blindar los intereses norteamericanos, el contrato de OXY y restringir las acciones del Procurador.

El 28 de marzo, la Embajadora Kriestie Kenny reportó mediante un cable (05QUITO681) las preocupaciones políticas  del presidente Lucio Gutiérrez en torno a la posible declaración de caducidad. La reunión se realizó el mismo 28. La Embajada aclaró a Gutiérrez los costos para el gobierno de una posible caducidad y el mandatario transmitió sus temores: “Gutiérrez dijo que entendía, pero que el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) le habían amenazado con un juicio político en el Congreso si no se declara la caducidad”.

Desagrado y “olor a venganza” eran los sentimientos de la embajadora Kenny

El procurador José María Borja realizaba constantes declaraciones a la prensa sobre la inminente caducidad del contrato con Occidental Petroleum OXY. La Embajada se molestó por los anuncios y agudizó sus estrategias, dando una dimensión grave a los efectos negativos para el país de producirse la caducidad.

En agosto del 2004 (cable 04QUITO2327) la embajadora Kristie Kenney advirtió a Washington sobre el interés, cada vez mayor del Procurador, “para dar por terminado el contrato con OXY y que  los activos podrían ser revertidos a Petroecuador”. La Embajada  transmitió a los Ministros de Comercio, Economía, Relaciones Exteriores, así como al presidente Gutiérrez, el desagrado por las intenciones del Procurador. “Aunque pueden haber razones técnicas que justifiquen la acción del Procurador, huele a venganza y podrían tener graves consecuencias para el comercio”.

Kenny insistió a la ministra de Comercio de ese entonces, Ivone Baki, “que una aparente represalia del gobierno del Ecuador contra OXY  podría tener graves consecuencias para el Ecuador en las negociaciones  del Tratado de Libre Comercio (TLC) y los beneficios del ATPDEA; el mismo mensaje transmití al ministro de Economía, Mauricio Yépez, en horas de la tarde y de nuevo el 24 de agosto al ministro de Gobierno, Baca, (…) al ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda”.

La presión ejercida surtió efecto. El ministro de Economía, Mauricio Yépez, según lo confirma el mismo cable, habría  sugerido “crear una comisión para dialogar con OXY, con lo cual se limitaría la influencia del Procurador”.

Pero la activa gestión de los funcionarios de Gutiérrez no satisfizo del todo a la Embajada; Kenny solicitó a Washington enviar una fuerte señal a los ministros de Ecuador: “Expresar nuestro desagrado por el abuso del sistema legal en contra de las empresas de Estados Unidos (incluso en el caso de BellSouth, Duke Energy y, potencialmente, ChevronTexaco) y reiterar que los continuos abusos tendrán serias implicaciones bilaterales”.

Embajada alecciona a OXY en cómo proceder con el Gobierno y Gutiérrez ordena “no a la caducidad”

Un mes después, el principal de Occidental Petroleum llegó al país. Su misión era acercarse a varios ministros de Estado y enviar emisarios a la Procuraduría. John Morgan, presidente de la compañía siguió el plan diseñado por la Embajada. Kenny informó ampliamente en un cable del 2 de septiembre del 2004, clasificado como confidencial (04QUITO2418), los detalles: “discutir sobre el lenguaje del contrato y las disposiciones constitucionales; realizar reuniones con el ministro Yépez, Baca y Baki por separado y enviar dos abogados para que hablen con el Procurador”. También evaluaron el comportamiento de Borja.

“El Procurador estaba muy nervioso por el caso, (…) no está claro si Borja estaba actuando por su propia cuenta o por encargo de otra persona, pero el primero parece más probable (…) nuestros contactos creen que el Procurador está actuando con el apoyo del Partido Social Cristiano, con el fin de colocar al gobierno de Gutiérrez en una posición en la que debe elegir entre los intereses nacionales o actuar en contra de Estados Unidos. Muchos creen que esa es la trampa que se ha establecido con el fin de derrocar al gobierno”.

Gutiérrez un día sí y otro día no

El entonces ministro de Energía, Eduardo López, por orden de Gutiérrez, anunció en rueda de prensa que buscaría la  anulación del contrato con OXY y que tomaría el control del bloque 15 en un plazo de entre 30 y 70 días. El anuncio hizo que la Embajada movilizara toda su artillería para impedir que la resolución se haga efectiva y volvió a mandar mensajes de presión que sin duda incidieron nuevamente en Gutiérrez.

Kenny reportó el 10 de septiembre: “El inminente riesgo apresuró a Gutiérrez a tomar la decisión y ordenar a su ministro de Energía, Eduardo López, que bajo ninguna circunstancia debe declararse nulo el contrato”. Las declaraciones de Gutiérrez no convencieron del todo a la Embajada, y a la presión del TLC y el ATPDEA se sumaron otros ingredientes: “Solicitar a Washington envíe un fuerte mensaje al gobierno sobre los riesgos de contar con el apoyo de la comunidad internacional, tanto de inversores y prestamistas multilaterales”.

Insiste, incluso, en que “volverá a explicar al presidente Gutiérrez las posibles consecuencias graves de este último paso en falso por parte de los funcionarios del gobierno ecuatoriano”, en clara referencia al anuncio del ministro López.