En abril de 1996, Ecuador aún estaba conmocionado por lo ocurrido en octubre del año anterior, cuando por primera vez en la historia republicana se había llamado al Vicepresidente de la República a un juicio político en el Parlamento.
A mediados de ese mes, Alberto Dahik -que no fue censurado por el Legislativo- decidió autoexiliarse en San José, Costa Rica, debido al proceso emprendido desde la Corte Suprema de Justicia por la utilización dolosa de fondos reservados por un monto cercano a los 19.580’500.009 sucres.

Para el primer trimestre de 1996 las investigaciones a las cuentas bancarias de las personas vinculadas en la denuncia habían comenzado y, de a poco, empezaban a surgir nombres de figuras relevantes que resultaron beneficiadas de estas transacciones, que el propio Dahik  catalogó como “necesarias para salvar la democracia”. En ese período, el periodista Diego Cornejo, en esos días miembro de diario Hoy y actualmente presidente de la Asociación Ecuatoriana de  Editores de Periódicos (Aedep), empezó una investigación que culminó con la publicación del libro titulado “Crónica de un delito de blancos”.

En la obra se detalla la forma en la que esta denuncia estalló a partir de un editorial de Jorge Vivanco Mendieta, subdirector de diario Expreso, que recogía una confesión de Alberto Dahik, divulgada en una reunión realizada  el 5 de junio de 1995 en Guayaquil. En dicha columna, el Vicepresidente comentó a varios editores de periódicos  que “ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés gubernamental”.

Una vez divulgada la charla, se iniciaron las investigaciones desde el Congreso Nacional y, posteriormente, desde la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado Carlos Solórzano Constantine.
La obra de Cornejo explica  la crisis  instaurada en el régimen una vez conocidos los destinos de los cheques de los fondos reservados. Pero también  profundiza en las relaciones que mantuvieron los dos secretarios personales de Dahik y principales acusados de malversación de fondos, Gladys Merchán Merchán  y Juan Mario Crespo Burgos, con importantes figuras de la política de ese entonces, empresas de gran influencia y medios de comunicación.

La obra  recoge un artículo de  Henry Raad, publicado en diario El Telégrafo, el 31 de agosto de 1995 (ver facsímil). En el texto asegura que Gladys Merchán era secretaria privada de Carlos Pérez Perasso, director de diario El Universo, al mismo tiempo que  desempeñaba el cargo de secretaria de Dahik. En su texto, Raad  cataloga al rotativo porteño como el “principal sponsor” del Vicepresidente.

La relación del medio de comunicación con Dahik también es mencionada en otro pasaje del libro de Cornejo cuando se recogen las acusaciones hechas por  Rafael Cuesta,  legislador socialcristiano y uno de los interpelantes del dignatario en el Congreso. “Cuesta señaló que Dahik es socio de Matricsa, empresa encargada de fabricar losetas de hormigón, creadas con el objeto de ganar una licitación para la construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Matricsa -dijo Cuesta- estafó a la ciudadanía porque la deficiente construcción de las losetas produjo que la terminal esté en trance de destrucción (...). Expresó que el país no ha conocido este hecho hasta el momento, ‘porque el socio de Dahik en esa empresa es el dueño del diario El Universo, Carlos Pérez’”.

La lista de Alberto Dahik

Una vez que Dahik huyó hacia Centroamérica, las investigaciones tomaron un ritmo vertiginoso.
La Corte Suprema de Justicia ordenó un peritaje a las cuentas de Merchán y Crespo, abiertas en bancos particulares para detectar los destinos de los cheques de los fondos reservados. Según esa primera lista, 242 personas, entre naturales y jurídicas, recibieron cheques en sucres  de la Vicepresidencia, que eran administrados por los dos secretarios  en cuentas del Banco del Pacífico.

Entre los beneficiarios de esas transacciones aparecen: Pablo Lucio Paredes (ex secretario del Conade), el diputado conservador Freddy Bravo, el diputado conservador Wilman Costa, el gerente del Banco Central, Augusto de la Torre; el consultor cubano Mario Elgarresta, el ministro de Industrias José Vicente Maldonado,  el ex canciller Diego Paredes y el ex secretario de Comunicación Enrique Proaño.

También se conoció, a través de una lista publicada en el libro de Cornejo, que las empresas El Universo y El Comercio  recibieron cheques provenientes de la cuenta que mantenían Merchán y Crespo.

A esto se suman los  beneficiarios de la compra de divisas del Banco de la Producción, con cheques girados  del Banco del Pacífico, con los que el número total de personas que recibieron estas transacciones llegó a 287. 

La venta de Radio Democracia

El texto de Cornejo también presenta el caso de la venta de Radio Democracia. En un pasaje del libro se relata que el radiodifusor Gonzalo Rosero mantuvo conversaciones con el canciller Diego Paredes,  quien estaba interesado en comprar la  emisora. Un primer pago, de 25.000  dólares, fue realizado por el Ministro de Relaciones Exteriores al comunicador. Sin embargo, cuando estalló la denuncia de la malversación de los fondos  reservados, Rosero detuvo la negociación porque constató que los cheques eran entregados por Gladys Merchán y que provenían de las cuentas de la Vicepresidencia de la República.

“Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la Vicepresidencia”, dijo en aquellos momentos el periodista.

Rosero  se presentó ante la Corte Suprema a rendir su declaración. Las versiones del radiodifusor fueron negadas por el canciller Paredes, a pesar de que en las audiencias se presentaron testigos que confirmaron las reuniones de funcionarios del régimen con los propietarios de Radio Democracia.

En septiembre de 1996, Paredes fue censurado por el Congreso por varias causas, entre ellas,  que constaba como deudor del fisco,  de “sospechosa” actuación en el arreglo de la devolución de un terreno fronterizo que estaba en manos peruanas y por su vinculación con las financieras Nafinsa y Finansa, que estafaron con  18 mil millones de sucres a sus ahorristas. “El 21 de septiembre de 1995, Diego Paredes desapareció”, manifiesta el texto de Diego Cornejo.