Víctimas de los tiroteos de Tucson (Arizona), Newtown (Connecticut) y Aurora (Colorado) se reunieron hoy frente al Capitolio para pedir, una vez más, una legislación "de sentido común" que reduzca la violencia armada en EE.UU., tras la masacre ocurrida en la capital el lunes pasado.

Bajo la consigna "No más nombres", más de un centenar de personas se dieron cita a los pies del Congreso de Estados Unidos para presionar a los legisladores y exigir la aprobación de una ley que al menos endurezca las revisiones de antecedentes penales y médicos para los compradores de armas.

"Han pasado 280 días desde que perdí a Vicky", relató Carlee, la hermana de Victoria Soto, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo que tuvo lugar en la Escuela Elemental de Sandy Hook de Newtown el pasado diciembre.

"Y desde entonces, miles y miles de personas han muerto por culpa de la violencia armada. La revisión de antecedentes no parará cada tiroteo, pero sí salvará vidas. No voy a renunciar a esta lucha para parar la violencia armada, no perderé la esperanza de un mañana mejor, y no importa cuánto tiempo me tome", sentenció, conteniendo las lágrimas.

Victoria Soto, de origen puertorriqueño y considerada una de las heroínas de aquel suceso por haber salvado la vida de sus alumnos, fue una de las víctimas de la masacre de Newtown en la que murieron 20 niños y seis adultos.

Aquel suceso conmocionó al país y provocó un debate intenso sobre la modificación de las leyes sobre el control de armas, impulsado por el presidente estadounidense, Barack Obama.

Sin embargo, aquel intento volvió a morir en los pasillos del Congreso, y no ha sido sino hasta ahora, con la masacre perpetrada en unas instalaciones de la Marina en Washington DC, cuando ha vuelto a ser tema de discusión en la capital estadounidense.

El pasado lunes, el presunto autor de la matanza, Aaron Alexis, entró a las 8 de la mañana  en el complejo militar, con un pase legal y armado con una escopeta, con la que abrió fuego minutos después contra los trabajadores que se encontraban allí.

El pistolero acabó con la vida de 12 civiles antes de morir él mismo abatido por la policía.

Aún se desconocen los motivos por los que el exreservista y contratista de las Fuerzas Armadas ejecutó la matanza, pero las autoridades ya han confirmado que el joven, de 34 años, padecía problemas mentales y que llegó a tener problemas con la justicia.

Pese a ello, pudo entrar de manera legal en las instalaciones, lo que ha obligado a las autoridades militares a decretar una revisión general de los procedimientos de seguridad.