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Un texto devela 39.058 víctimas de secuestros en Colombia en los últimos cuarenta años

Un texto devela 39.058 víctimas de secuestros en Colombia en los últimos cuarenta años
20 de junio de 2013 - 17:30

Al menos 39.058 víctimas y niveles de impunidad que alcanzan el 92 %, ha dejado el secuestro según un informe divulgado en Bogotá que contiene la primera base de datos consolidada de este delito.

"Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro (1970-2010)", elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la firma Cifras & Conceptos y respaldado por la Unión Europea, es el texto que documenta la historia de las víctimas.

"El secuestro barbarizó la guerra en Colombia", dijo el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, en el acto de presentación del informe.

Sánchez recordó que las guerrillas del M-19, las FARC y el ELN recurrieron al principio a esta práctica como herramienta de presión política, hasta que décadas más tarde comenzaron a usarla para obtener financiación, lo que atrajo a otras "redes criminales" que extendieron este flagelo a todo el país.

Los picos más altos de secuestros se registraron en 2000 y 2002, con alrededor de 3.500 casos, mientras que en la actualidad la tendencia ha disminuido, según el documento.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien asistió a la presentación del informe, dijo que "en los cinco primeros meses de 2013 tuvimos en el país 115 (secuestros) de los cuales más del 60 por ciento, es decir más de 70, fueron perpetrados por delincuentes comunes".

Según el informe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables confirmados del 37 % de los casos de secuestro, seguidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 30 %, las bandas criminales (20 %), otros (9 %) y paramilitares (4 %).

En el 79 % de los secuestros el blanco era una persona específica, mientras que en el 16 % de los casos le rapto se produjo en retenes en las vías y el 5 % ocurrió en tomas y emboscadas de grupos rebeldes.

Los autores del documento señalan que 301 personas han sido secuestradas más de una vez y que una de ellas fue víctima de este delito en cinco ocasiones.

Al hacer una clasificación de las víctimas por género, la investigación encontró que la mayoría de los secuestrados (78 %) son hombres y el 22 % mujeres, mientras que la franja de edad más afectada es la comprendida entre los 18 y 65 años de edad en un 79 %.

El 3 % de las víctimas de este delito han sido extranjeros, agrega la investigación, que no especifica las nacionalidades ni los motivos.

Pero en general, el informe expone que el 84 % de los casos buscaban dinero a cambio, mientras que en el 12 % la motivación fue política y en el 4 % tuvo otros intereses.

Los sectores más afectados por este delito son la administración pública y defensa, con el 19,30 % de los secuestros contabilizados, el agropecuario (19,14 %) y el comercio (18,92 %).

De los secuestrados pertenecientes a la administración pública, la mitad (49 %) son policías o militares, pero también han caído en manos de secuestradores 389 concejales, 358 alcaldes, 75 congresistas, 66 diputados y 50 personeros municipales.

Pese a la "universalidad" de este delito y su calado en la sociedad colombiana durante cuarenta años, la Justicia ha investigado, procesado y condenado sólo al 8 % de los responsables.

Según los autores del estudio, hay documentados 39.058 secuestros pero sólo se han dictado 3.144 sentencias condenatorias, mientras que se registraron 28.477 denuncias, 14.715 indagaciones, 5.235 acusaciones y 3.928 capturas.

Estos detenidos fueron considerados responsables de 7.812 secuestros, y en su mayoría fueron capturados solos. Según estas cifras, son más frecuentes las condenas de carceleros (1.734 casos), que de cómplices (79) y inductores (40).

La exrehén de las FARC Clara Rojas, que estuvo más de seis años en cautiverio junto con la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, de quien fue compañera de fórmula, asistió a la presentación del informe y reclamó acompañamiento y reparación del Estado hacia las víctimas. 

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