El gobierno español impugnará ante el Tribunal Constitucional el referéndum convocado por el ejecutivo regional de las Islas Canarias sobre las previstas prospecciones petroleras de Repsol frente sus costas, anunció este viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El ejecutivo conservador español ha decidido "impugnar ante el Tribunal Constitucional" los decretos "referidos a la consulta convocada por el gobierno canario a propósito de las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Estado para realizarlas en aguas próximas a Canarias", afirmó.

"Esa petición de impugnación ya está firmada" por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, añadió Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros.

El gobierno de Rajoy invocará ante el alto tribunal el mismo artículo de la Constitución española que permitió la suspensión de la consulta sobre la independencia en Cataluña, gran región del noreste del país.

Al igual que en el caso catalán, el ejecutivo considera que el gobierno regional canario no tiene competencias para convocar ese tipo de consultas.

"Estamos hablando de competencias, no del gobierno de Canarias, sino de competencias del Estado", añadió la vicepresidenta del ejecutivo central.

Madrid tomó esta decisión después que el ejecutivo canario, en manos de los nacionalistas de Coalición Canaria, anunciara el 2 de octubre la convocatoria de un reférendum para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petroleras frente a las costas de este turístico archipiélago, a las que se opone firmemente.

"¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Esa será la pregunta que se va a formular en la consulta el 23 de noviembre", declaró entonces a la prensa el presidente regional, Paulino Rivero.

El gobierno español autorizó a Repsol a buscar petróleo a unos 50 km de las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Válida durante tres años, la autorización permite a la petrolera realizar prospecciones mediante tres sondas, a una profundidad de entre 3 y 7 km.

En contrapartida, la empresa deberá constituir una garantía de 20 millones de euros para "cubrir responsabilidades medioambientales" y cesar sus operaciones en caso de actividad sísmica en la región superior a 4,5 en la escala de Richter.

No obstante, las autoridades locales y las asociaciones ecologistas rechazan estas prospecciones y el pasado día 18 se produjeron varias manifestaciones en el archipiélago contra el proyecto.