Cientos de miles de personas han perdido sus casas en los últimos años en una España azotada por la crisis económica, una tragedia que ha generado un movimiento de protesta y motivado el  suicidio de varios afectados  ante el acoso bancario y las amenazas de desalojo.

Hace dos semanas un hombre se ahorcó en Granada (sur) antes de que las autoridades embargaran su vivienda por una orden judicial. Al día siguiente otro ciudadano intentó hacer lo mismo  al lanzarse desde un segundo piso en Valencia (este), mientras el viernes una mujer se suicidó en el País Vasco (norte) al arrojarse por la ventana de su casa cuando iba a ser desalojada. La fallecida, identificada como Amaia Egaña, era la esposa del ex concejal socialista José Manuel Asensio, con quien habitaba en la vivienda.

La organización “Stop Desahucios” afirmó que los afectados y amenazados por los desalojos están “totalmente destrozados”. “Esta va a ser la dinámica”, advirtieron después del segundo suicidio relacionado con este dramático tema en España. “La ciudadanía está en un estado de depresión, los jueces están muy enfadados y los psicólogos desbordados, porque la gente no puede dormir”, añadieron.

Los desalojos por falta de pago de hipotecas o alquileres se convirtieron en un verdadero drama social en España, ya que suponen la condena de miles de familias a la exclusión.

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 hasta 2011,  en España se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias, de acuerdo con un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial. Mientras hasta el segundo trimestre de este año el número de desalojos ascendió a más de 18.000, lo que suma un total de 414.943 desahucios. 

Ante la magnitud del problema y la presión social, el gobierno del conservador Mariano Rajoy  anunció finalmente que cambiará las normas de desahucio del país y que los mismos quedarán suspendidos por el momento en el caso de las familias vulnerables.

Rajoy admitió que los desahucios de quienes no pagan  la hipoteca porque están sin trabajo se han convertido en “la cara  más visible de la crisis” que azota a España.

Se espera que mañana se celebre la primera reunión reservada entre los grupos de trabajo designados por el Ejecutivo español y el opositor Partido Socialista (PSOE). El encuentro será reservado y de carácter técnico, según fuentes del PSOE y del Gobierno; pero en él se intentará avanzar lo más rápido posible hacia una  normativa que frene los desalojos de viviendas por deudas.

“Vamos a proponer que la nueva ley se aplique no solo a las futuras hipotecas y las ya firmadas, sino también a las hipotecas que están en ejecución”, adelantó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas. El objetivo es “que nadie se quede sin casa por no poder pagar”, indicó el dirigente opositor, que también aclaró que se buscará establecer mecanismos que “permitan a las familias quedarse en su departamento pagando un alquiler barato”, cuando demuestren su indefensión económica.

El mismo Tribunal de Justicia Europeo dictaminó esta semana que la normativa española que regula los desalojos “incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a unas cláusulas abusivas”.

En este contexto,  ayer trascendió que Bankia decidió frenar tres desalojos de viviendas en Tenerife, uno de ellos tras la huelga de hambre que mantuvo durante varios días una de las afectadas ante la sede de una sucursal de la entidad bancaria.

En esa decisión tuvo una activa participación el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez. “La política se está dando cuenta que el cumplimiento de estas leyes en este contexto, que sólo piensan en el acreedor, está matando a la gente”, afirmó Inma Évora, portavoz de una entidad que agrupa a los afectados por hipotecas en esa región.

En  tanto en Madrid  decenas de personas amenazadas con el desahucio por no poder pagar  las hipotecas de bancos, que en muchos casos han debido ser rescatados  por el Estado, mantienen un campamento de protesta frente a la sede  del grupo Bankia, uno de los más expuestos al impago de las  hipotecas.

Los colchones están apilados delante de la oficina de Bankia,  donde los manifestantes están sentados, duermen o recolectan firmas  para una iniciativa parlamentaria en defensa de quienes no pueden  hacer frente a las hipotecas.
“Llevamos aquí ya dos semanas”, dijo Freddy, de 51 años. “Y  no nos iremos hasta que Bankia negocie una solución a nuestros  problemas”.

Tras la muerte de Egaña, cientos de manifestantes se unieron la noche del viernes al grupo de personas amenazadas de expulsión gritando consignas contra el banco. “¡Culpables! ¡Culpables!”, gritaban los manifestantes, que acusaban a los bancos  de seguir expulsando de sus viviendas a  ciudadanos golpeados por el desempleo y la crisis.

Las hipotecas no pagadas forman parte de los activos tóxicos que  han llevado al borde de la quiebra al sector bancario español. La  eurozona ha ofrecido ya un rescate de hasta 100.000 millones de euros  a España para apuntalar a estos bancos, entre ellos Bankia, cuyas  necesidades se estiman en unos 19.000 millones.