La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) condenó la polémica ley de inmigración anunciada por el primer ministro británico, David Cameron, para evitar la llegada masiva de inmigrantes provenientes de Rumania y Bulgaria, al considerar que dicha legislación estigmatizará a extranjeros, negará vivienda y subsidios a personas vulnerables y creará un clima de “racismo étnico”.

En un documento dado a conocer en Londres, el alto comisionado de la Acnur, Antonio Guterres, sostuvo que dicha ley dañará las relaciones comunitarias en Gran Bretaña y llevará a la marginación de refugiados y solicitantes de asilo político.

Las acusaciones se conocieron días después de que parlamentarios conservadores cercanos a Cameron criticaran duramente un informe de la relatora de vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, que alertó por graves deficiencias en el sector de vivienda del Reino Unido.

Cameron propuso reformas a la ley de inmigración para evitar la llegada a partir del 1 de enero de miles de inmigrantes de Bulgaria y Rumania, quienes desde 2014 tendrán el derecho al libre movimiento dentro de la Unión Europea (UE).

Los planes del Gobierno británico incluyen demorar hasta tres meses el pago de subsidios por desocupación y vivienda a esos inmigrantes, como también imponer un cupo máximo de 75.000 inmigrantes europeos que pueden radicarse por año en Gran Bretaña.

Otras medidas consideradas son restringir a los inmigrantes la apertura de cuentas bancarias y forzar a los extranjeros que paguen los servicios públicos, como educación, salud y vivienda.

Sin embargo, Guterres expresó serias preocupaciones acerca de que refugiados y solicitantes de asilo en el Reino Unido terminen siendo rehenes de las nuevas restricciones, ya que muchos médicos y empleados de bancos no tendrán en claro cómo interpretar su estatus inmigratorio.

El alto comisionado de la Acnur también dijo que estos grupos vulnerables quedarán más expuestos a la discriminación en caso de que el Parlamento apruebe la legislación.

“Los detalles de esta ley terminarán resultando en una estigmatización para los solicitantes de asilo y refugio, y los beneficiarios extranjeros de subsidios”, destacó Guterres en un memo entregado al Parlamento británico.

“El alto comisionado de la ONU para los refugiados está preocupado porque si se introducen dichas medidas, ello contribuirá a la creación de un clima de malos entendidos y racismo étnico. Todo esto podría amenazar las perspectivas a largo plazo para la integración de estas personas y será negativo para la cohesión social”, agregó.

Según Guterres, el requerimiento del Gobierno para que estos inmigrantes porten documentación extra “facilitará la confusión y marginación, que inhibirá su integración en Gran Bretaña”.

La Acnur, que en la actualidad trabaja con más de 10 millones de refugiados en zonas de desastre como Siria, también se mostró preocupada por los cambios al sistema legal del Reino Unido propuestos por la ministra del Interior británica, Theresa May, quien quiere acelerar los procesos de deportación para inmigrantes indocumentados antes de que éstos puedan apelar su expulsión.

Tras las acusaciones de la Acnur, un portavoz del Ministerio del Interior británico indicó que la ley de inmigración “fue elaborada con el fin de impedir que los inmigrantes abusen de los servicios públicos a los que no tienen derecho, reduzca los factores que acrecientan la inmigración ilegal al Reino Unido y facilite la deportación de personas que no deberían permanecer en el país”.

Aunque la oposición laborista dijo que, en principio, apoyará la iniciativa, también aclaró que pedirá por enmiendas a algunos aspectos de la ley.

La ministra del Interior en la sombra, la parlamentaria laborista Helen Jones, afirmó estar preocupada de que británicos de comunidades étnicas, incluidos aquellos de descendencia latinoamericana, puedan terminar siendo blanco de controles por parte de bancos y hospitales “a pesar de que nacieron aquí y cuentan con pasaporte británico”.

“El temor es que si la persona es de color negro o tiene un perfil étnico diferente pueda ser blanco de controles de tipo racista. No podemos permitir algo semejante”, indicó la legisladora.

Jones consideró también que será un “despropósito” convertir a clínicas, bancos y casas de familia de Gran Bretaña en “guardias virtuales de frontera” con poderes para chequear el estatus migratorio de extranjeros y denunciarlos en caso de no contar con la documentación necesaria.