La justicia venezolana investiga supuestos planes de rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro que se gestarían dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y por el que detuvo a una decena de militares en las últimas semanas.

Fuentes cercanas al caso aseguraron a EFE que los nueve oficiales detenidos el pasado 2 de marzo están vinculados con un “plan de desestabilización” por lo que les imputaron los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y actuar contra el decoro militar.

La abogada Lilia Camejo, defensora de seis de los nueve señalados, indicó que  los militares fueron detenidos cuando estaban en sus puestos de trabajo y a dos de ellos los “maltrataron”, corroboró ella el día de la audiencia de presentación, pues tenían “laceraciones en las manos”.

Camejo explicó que el grupo de detenidos, conformado por seis tenientes coroneles, un teniente y dos sargentos, pertenece al Ejército, y fue apresado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El jurista Alonso Medina Roa, también defensor de los militares, explicó que ayer allanaron la residencia de los tenientes coroneles Iver Marín Chaparro, jefe del principal batallón de la capital venezolana, y Erik Peña, director de administración del Hospital Militar de Caracas.

“Marín Chaparro fue el primero de su promoción en 1999, de la cual todos (los nueve detenidos) son egresados, y fue secretario privado del presidente Hugo Chávez (1999-2013)” al principio de su administración, informó Medina Roa.

El abogado indicó que Peña se desempeñó anteriormente como director de secretaría de los servicios de inteligencia, cuyo exjefe y fundador, Miguel Rodríguez Torres, fue detenido hace tres días y acusado por el Ejecutivo de planear “actos armados”.

El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Édgar Zambrano, envió comunicaciones al fiscal militar y al ministro de la cartera, Vladimir Padrino, solicitando información sobre la situación jurídica y salud de los detenidos. (I)