La jueza argentina María Servini de Cubría llegó a España para iniciar sus investigaciones sobre los crímenes que ocurrieron durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1977). La jueza trata desde septiembre de 2013 el asunto de los casos de ‘robos de bebés’; y desde enero pasado recepta denuncias de los ciudadanos españoles sobre el tema y otros crímenes. La magistrada, quien se encuentra en los Países Vascos, en el norte del país donde el Gobierno español le ofreció su colaboración, viajará por distintos puntos del país para recoger testimonios.

Se estima que la guerra civil española dejó 500 mil muertos y dentro de los cuales muchos fueron echados en fosas comunes descubiertas hace poco. Más allá del conflicto armado, hubo más de 114 mil casos de desapariciones durante los 30 años de dictadura y decenas de miles de ‘niños robados’.

Servini de Cubría abrió en 2010 una causa por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” sobre lo que vivió en el país. Tras la actuación de la jueza y de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) se trata del único proceso abierto sobre este caso hoy en día.

Un trabajo que hace eco al pedido de muchos grupos de ciudadanos, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que subrayan que España queda como el único país que no impartió juicios por los crímenes de la dictadura.

En una dinámica parecida, la ONU pidió varias veces a España juzgar las desapariciones del período franquista.

Las Naciones Unidas estiman que el Estado tiene que “cumplir su obligación” y “asumir sus responsabilidades” y propusieron crear una comisión de la verdad con expertos independientes para investigar sobre las violaciones de derechos humanos.

Mientras que la ONU prepara un informe sobre la situación para septiembre de 2014. Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición presentó luego de una visita en España su balance preliminar y denunció la “indiferencia del Estado” sobre el tema.

El principal obstáculo para el trabajo en España es la Ley de Amnistía de 1977 que impide juzgar cualquier delito ocurrido durante la época franquista. Instituciones internacionales y jueces siguen pidiendo su derogación, en tanto las autoridades españoles se niegan por razones políticas. Según el Estado, la Ley de Amnistía constituye la base de la transición que se implementó la democracia y derogarla violaría el principio de irretroactividad presente en la Constitución de 1978.

La ONG Amnistía Internacional calificó de “hecho histórico en la lucha contra la impunidad” la presencia de la jueza Servini de Cubría en España. Mientras que el Estado sigue rechazando colaborar, argumentando que el trabajo sobre el período franquista corresponde “a los historiadores no a los jueces”. Es así que la presión de los promotores de la justicia universal aumenta.

De hecho, la actitud del poder ejecutivo español se opone a unos tratados que firmó. Aunque teóricamente las normas internacionales prevalecen sobre las otras, la jueza argentina no podrá obligar las autoridades a colaborar, pero el efecto mediático de su presencia y la fuerte demanda de justicia de la sociedad civil aíslan más un Estado español que al parecer no quiere asumir su historia.