“Prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla”. Con esta frase, inédita en la historia de la democracia española, los 69 parlamentarios de Podemos han cumplido con el protocolo exigido en España para formar parte de un Congreso que desde ayer está presidido por el socialista Patxi López, elegido con el apoyo de los 90 diputados de su propio grupo y los 40 de Ciudadanos. El PP, finalmente, se abstuvo aunque desde hoy es el encargado de persuadir al resto de partidos para formar un gobierno y evitar nuevas elecciones.

Como se preveía, no hubo acuerdos de última hora ni sorpresas extraordinarias en la constitución de las dos cámaras legislativas del país. Como se esperaba, el conservador Pío García-Escudero presidirá el Senado, un hemiciclo controlado por el PP sin más funciones otorgadas que la de activar o bloquear, esto en contadas ocasiones, las leyes elaboradas en el Congreso. Pero fue en esta depauperada Cámara Alta donde se produjo el único momento de irritación reseñable de la jornada inaugural de esta impredecible legislatura.

Todo comenzó cuando los 16 senadores de Podemos se toparon con la inesperada noticia de que no formarán parte de la mesa tras el pacto alcanzado ayer por el PP, PSOE y Ciudadanos, aunque el partido emergente no lograra ni un solo senador en las últimas elecciones. El puesto que correspondía al partido de Pablo Iglesias será ocupado por un representante del grupo vasco que solo obtuvo 6 asientos en los comicios del pasado 20 de diciembre. “Dejar a la tercera fuerza sin representación es un fraude democrático”, clamó el vocero de Podemos, Ramón Espinar, que anunció batalla para cambiar “los usos” de una institución sometida desde hace años a una crítica descarnada por su inclinación a acoger políticos de todos los bandos que ya se encuentran en retirada.

En el Congreso, todo transcurrió sin sobresaltos, entre enormes medidas de seguridad, miradas furtivas, declaraciones de intenciones y un 62% de diputados que se estrenaba en la batalla parlamentaria de un hemiciclo más dividido que nunca. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, improvisó un encuentro con la prensa para ofrecer a PSOE y Ciudadanos un acuerdo que “garantice la estabilidad del Estado”, según dijo. Un pacto presidido por él, se entiende. Los socialistas respondieron: “Jamás apoyaremos un ejecutivo liderado por Rajoy”. Ciudadanos parece dispuesto a poner sus 40 votos al servicio del PP con tal de evitar unas elecciones anticipadas que, probablemente, serían su ruina, aunque de nada servirán si PSOE y el resto de fuerzas dicen que no en las dos votaciones reglamentarias para investir a Rajoy. El escenario no es sencillo.

Un senador conservador reconoció a EL TELÉGRAFO que “quien más o quien menos cree que habrá elecciones anticipadas antes de fin de año”. Todo indica que la única opción para que el PP mantenga el poder en España es la renuncia de su candidato a la presidencia y elevar al trono a su delfín, la actual vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Es posible que, en ese caso, los socialistas decidan abstenerse en la segunda votación y permitir a la derecha gobernar en minoría”, admitió el senador popular.

Lo que está descartado es un pacto entre las fuerzas de izquierdas. Las presiones sobre Pedro Sánchez son asfixiantes para evitar el acuerdo. Pese a los obstáculos existentes, Podemos y PSOE han comenzado las hostilidades legislativas contra varias leyes del PP, tal y como prometieron durante campaña, sin esperar a la constitución del nuevo gobierno. Hoy mismo, el partido de Pablo Iglesias tramitará la Ley 25 de Emergencia Social. Se trata de una proposición destinada a paralizar los desahucios, acabar con los cortes energéticos y los copagos sanitarios, y a garantizar una protección efectiva a las mujeres que son víctimas de la violencia machista.

Los socialistas, por su parte, presentan también hoy una batería de 15 medidas para que el Estado vuelva a asumir algunas de las competencias sociales que la derecha privatizó en sus cuatro años al frente del Ejecutivo español. (I)

Artur Mas renuncia a su acta de diputado

El expresidente de la Generalitat y líder de Convergència Democrática de Cataluña  (CDC), Artur Mas, renunció ayer a su acta de diputado en el Parlamento, lo que implica la pérdida de su condición de aforado.

Tras su renuncia a presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont, Artur Mas quedaba como diputado raso de Junts pel Sí y se iba a dedicar principalmente a la dirección de CDC, de la que es el máximo dirigente desde 2012. “Destinaré los esfuerzos personales a rehacer lo que significa Convergencia”, declaró el pasado 9 de enero.

En la rueda de prensa en la que anunció que daba “un paso a un lado” para desencallar el acuerdo entre JxSí y la CUP, Mas aseguró que todavía no había pensado si abandonaría su escaño como diputado electo, aunque sí dijo: “No quiero cargos, sino ser presidente o expresidente”.

Respecto a su futuro, manifestó que no pensaba ocupar ningún cargo en el nuevo Gobierno, pero tampoco dio por terminada su carrera política ni cerró la puerta a presentarse como candidato en un futuro. Además, en su condición de expresidente tiene derecho a una asignación económica y una oficina con personal, prevista por ley. (I)