El Partido Popular (PP), en el Gobierno español y con mayoría absoluta en el Parlamento, quiere esperar a conocer la sentencia del Tribunal de la UE sobre la actual legislación de España de desahucios por deudas hipotecarias antes de decidir sobre la reforma de la ley en ese ámbito.

Así lo dijeron ayer varias fuentes parlamentarias españolas, que explicaron que la razón para esperar es evitar que el Parlamento español apruebe una ley y que poco después tenga que ser modificada por exigencia del Tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo.

Dicha corte europea previsiblemente anunciará el 14 de marzo próximo su decisión sobre el dictamen de noviembre pasado de la abogada general de dicha corte Juliane Kokott, crítico con la legislación española.

La letrada consideró en su dictamen que la regulación española en este ámbito no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.

Sus argumentos no vinculan al Tribunal, pero habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia, con lo que es posible que la corte concluya que España incumple algún precepto europeo.

La actual legislación en España no contempla la dación en pago de la propiedad hipotecada por falta de pago del préstamo, mientras que el desahuciado tiene que seguir pagando dicha deuda.

La profunda crisis económica en España ha disparado el desempleo hasta el nivel récord de un 26 % de la población activa, y ha provocado una fuerte subida de los casos de desahucio por impago de préstamos hipotecarios.

Ante esta situación y para proteger a las familias más vulnerables, el Gobierno español ha tomado unas medidas de urgencia temporales mientras el Parlamento aprueba una nueva ley.

Actualmente hay dos textos sobre desahucios en el Parlamento español: el proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del real decreto que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de noviembre, y la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.

El pasado 12 de febrero, el PP y los socialistas del PSOE -el mayor partido de la oposición- acordaron la tramitación por la vía de urgencia del ILP y su acumulación con el otro proyecto de ley. 

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y con el aumento del desempleo en España, muchas familias se han visto incapaces de pagar sus hipotecas y muchas de ellas han sido desahuciadas.

Mientras colectivos como la Unión de Cerrajeros y los bomberos de algunas regiones se han negado a abrir las puertas para desalojar a familias que no han podido pagar sus hipotecas.

"Se estaba arruinando la vida de las familias y nosotros hacíamos de verdugos. Eso nos creaba situaciones de tensión y malestar", explicó  David Ormaechea, presidente de la Unión de Cerrajeros.