Estados Unidos admitió ayer que asistió el pasado diciembre al Consulado de Venezuela por “problemas menores de seguridad”, pero negó rotundamente que se trataran de amenazas contra su personal, como ha denunciado el Gobierno de Hugo Chávez.

“En diciembre, asistimos al Consulado con algunas preocupaciones menores sobre su seguridad, pero desde entonces no hemos recibido nuevas peticiones de ayuda”, expresó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en su conferencia de prensa diaria.  Toner subrayó que esos problemas no eran significativos y que eran preocupaciones por su seguridad, no amenazas.

El Gobierno de Chávez anunció el viernes el cierre administrativo del Consulado, después de que Estados Unidos expulsara la semana anterior a su titular, Livia Acosta Noguera.

El lunes, el Ministerio de Exteriores venezolano aseguró que las especulaciones que rodearon la expulsión de la cónsul han provocado un incremento de las amenazas que pesan sobre el personal consular, por lo que anunció la repatriación de todos los funcionarios.

“Una vez constatado con extrema preocupación el incremento de las amenazas que pesan sobre el personal consular venezolano, el Gobierno del presidente Hugo Chávez decidió el cierre y el traslado de los servicios consulares a otras circunscripciones”, indicó la Cancillería venezolana. 

“Si los funcionarios venezolanos recibieron en efecto alguna amenaza, deberían haberlo comunicado a la sección del Departamento de Estado encargada de esos problemas”, indicó  Toner.

El portavoz subrayó que Washington toma  seriamente la seguridad de las misiones diplomáticas extranjeras y les urge al mismo tiempo a mantener sus obligaciones bajo la Convención de Viena.

La expulsión de la diplomática se produjo después de que la cadena de televisión Univisión transmitiera en diciembre pasado el documental “La amenaza iraní”, sobre un supuesto plan en 2006 para atacar los sistemas de varias plantas nucleares en Estados Unidos, además de la Casa Blanca, el FBI y la CIA.

Algunos de los entrevistados dijeron que las embajadas de Irán, Cuba y Venezuela habrían participado, tras lo cual varios miembros del Congreso pidieron una investigación sobre el asunto a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.