El oficialismo venezolano despojó de su inmunidad y procesará a los parlamentarios opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes el presidente Nicolás Maduro acusa de haber intentado asesinarlo con drones cargados de explosivos.

Inicialmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este miércoles 8 de agosto capturar a Borges, expresidente del Parlamento de mayoría opositora, por homicidio intencional calificado en grado de frustración.

El TSJ también declaró procedente enjuiciar a Requesens, detenido la noche del martes luego de que el mandatario lo implicara en los hechos del pasado sábado durante una parada militar en Caracas.

Exiliado desde febrero, Borges se hallaba este miércoles en Bogotá, donde la víspera asistió a la posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque.

"Nos han acusado de todo (...) porque hemos logrado promover las sanciones (contra el gobierno) y hemos logrado el cerco internacional de Nicolás Maduro. Maduro, nosotros lo queremos ver fuera del poder", dijo Borges a periodistas en la capital colombiana.

Tras las decisiones del TSJ, la Asamblea Constituyente retiró la inmunidad a los diputados para que la Fiscalía los investigue y comparezcan ante la justicia ordinaria.

Borges y Requesens militan en Primero Justicia, partido del excandidato presidencial Henrique Capriles.

"Se lo llevaron a la fuerza" sin "orden judicial", relató a periodistas Guillermo Requesens, padre del diputado arrestado. Familiares y otros legisladores acudieron a la sede del servicio de inteligencia en Caracas, su presunto lugar de reclusión, para pedir que sea libertado.

El fiscal general, Tarek William Saab, evitó confirmar dónde está detenido.

Maduro asegura que detrás de los hechos está el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien desconoció por "ilegítima" su reelección el pasado 20 de mayo, así como a la Constituyente.

"Arrechera" por la crisis

En noviembre pasado, esa asamblea despojó de su inmunidad al legislador Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile en Caracas, acusándolo de delitos durante protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.

El Parlamento, poder que controla la oposición, anunció en un comunicado que desconoce el levantamiento de la inmunidad a Borges y Requesens, acusando a la Constituyente de pretender "usurpar" sus funciones.

Borges, abogado de 48 años, es una de las principales figuras de la oposición, al frente de la cual estuvo en fallidas negociaciones con el gobierno a inicios de este año en República Dominicana.

Maduro, confrontado a gran rechazo popular por la crisis socioeconómica venezolana, lo acusa de promover una intervención extranjera encabezada por Estados Unidos y Colombia.

Requesens, de 29 años, es un exaltado exdirigente estudiantil con papel protagónico en las manifestaciones de 2017. El mandatario socialista lo llama "psicópata".

La oposición denuncia que en Venezuela hay 248 "presos políticos", entre ellos Leopoldo López, quien purga en detención domiciliaria una condena de casi 14 años, acusado de incitar a la violencia durante protestas que dejaron 43 muertos en 2014.

Extradición

Borges y Requesens fueron mencionados por el militar retirado Juan Carlos Monasterios, capturado por el ataque, en un video difundido por Maduro el martes.

Monasterios aparece con el rostro difuminado asegurando que Requesens, "por intermedio de Julio Borges", gestionó su paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables.

El sábado, según la versión oficial, un dron estalló frente a la tarima en la que Maduro presidía el acto militar y un segundo artefacto explotó tras chocar con un edificio de viviendas.

El fiscal anunció este miércoles que hay 19 personas "directamente relacionadas" con el "magnicidio frustrado".

Mencionó a dos supuestos financistas radicados en Colombia, Rayder Ruso Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García, y un tercero residenciado en Estados Unidos, Osman Delgado Tabosky. Dijo tramitar su extradición.

El gobierno sostiene que los autores materiales fueron adiestrados en una hacienda de Chinácota, Colombia, y que recibirían 50 millones de dólares. (I)