La Corte Suprema del Reino Unido, la máxima autoridad judicial del país, comenzó este lunes a evaluar un histórico caso de apelación presentado por el Gobierno para evitar que el Parlamento deba autorizar el inicio de las negociaciones por el 'Brexit', como se conoce a la salida británica de la Unión Europea (UE).

Los once magistrados de la corte estudiarán el caso, luego que las autoridades del país apelaron el dictamen del Alto Tribunal de Londres acerca de que el Parlamento, y no el Gobierno, tiene la autoridad de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Una vez invocado ese artículo el Reino Unido iniciará oficialmente el proceso de "divorcio" de la UE, que se espera finalizará en unos dos años, hacia mediados de 2019.
La causa en la Corte Suprema durará al menos cuatro días y el fallo no se conocerá antes de Navidad, incluso para mediados de enero.

La corte ha subrayado que actuará en base a preceptos jurídicos y no políticos.

La sentencia tendrá serias implicaciones para la estrategia política de la primera ministra Theresa May con respecto a la salida de la UE, un tema que ha dividido a la opinión pública británica.

En junio pasado, el 51,9% de la población de Gran Bretaña votó en un referéndum a favor del 'Brexit', en tanto que un 48,1% lo hizo por la permanencia dentro del bloque comunitario.

May prometió que invocará el artículo 50 a finales de marzo próximo, cuando se verá obligada a notificar al resto de los países de la UE sobre la intención del Reino Unido de abandonar esa unión.

Pero una coalición de activistas, encabezada por la administradora de fondos de inversión Gina Miller y el peluquero Deir Dos Santos, consideró que esa decisión debería ser tomada por el Parlamento y no por el Gobierno, y por ello llevó el caso al Alto Tribunal.

Esa corte sentenció el 3 de noviembre pasado a favor de Miller y Dos Santos, al considerar que los derechos conferidos por el Parlamento cuando aprobó la Ley de Comunidades europeos de 1972- la cual permitió que el Reino Unido se sumara a la Comunidad Económica Europea (CEE)- se verán afectados por el 'Brexit'.

Como resultado de ello, el tribunal concluyó que cualquier proceso que lleve a un eventual recorte de derechos de los ciudadanos sólo puede ser autorizado por el Parlamento.

Esa sentencia fue criticada duramente por varios periódicos conservadores y pro-Brexit, que acusaron a los jueces de ser "traidores a la patria".

Luego del dictamen del mes pasado, la Corte Suprema evaluará ahora si el Gobierno precisa de la autorización del Parlamento para iniciar el proceso del ‘Brexit’ o si puede invocar el artículo 50 a partir de sus "poderes de privilegio", conferidos por la reina Isabel II de Inglaterra.

Por su parte, la oposición laborista dijo que si los jueces se oponen a la apelación del Gobierno, intentará modificar la ley que autoriza el artículo 50 para garantizar que el Reino Unido mantenga el acceso al mercado único, y proteja los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, la fiscal general en la sombra, la baronesa Shami Chakrabarti, admitió que su partido no tratará de vetar el ‘Brexit’.

"Hemos dejado muy en claro que somos democráticos y que respetamos el resultado del referéndum, incluso cuando muchos de nosotros, incluida yo misma, hicimos campaña por la permanencia", afirmó la baronesa a la radio 4 de la BBC.

"Pero el referéndum hizo una pregunta simple acerca de estar dentro o fuera de la UE, y ahora el Parlamento deberá analizar todas las posibilidades sobre lo que pasará en el futuro", agregó.

En caso que el Gobierno pierda la apelación, tiene previsto presentar una ley de emergencia en el Parlamento pidiéndole a los legisladores y lores “que den permiso” a las autoridades para invocar el Artículo 50 antes de abril próximo.

Las audiencias en la Corte Suprema fueron trasmitidas en vivo por la BBC y contaron con una fuerte presencia de los medios, al incluir al menos a 80 periodistas y analistas políticos que cubrirán el caso.

Además, se instalaron 115 butacas para que asistan miembros del público.

Los magistrados también considerarán otros dos casos separados, pero vinculados a la apelación, presentados por activistas de Irlanda del Norte, y por los gobiernos de Escocia y Gales, para evitar que el Gobierno británico pueda iniciar las negociaciones por el ‘Brexit’ sin una autorización del Parlamento.

Otros grupos que intervendrán en la apelación con presentaciones orales ante los jueces serán ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, y la entidad "People's Challenge".

Los defensores del 'Brexit' temen si el Gobierno pierde la apelación el Parlamento busque evitar el abandono de la UE, en vista de que la mayoría de los legisladores en ambas cámaras es contraria a la salida.

La Primera Ministra rechaza la participación de los legisladores en el proceso, al considerar que se trata de un asunto "exclusivo del Gobierno". (I)