Una indagación previa se inició en la Fiscalía Provincial del Guayas por el caso del comerciante informal   que, meses atrás, denunció a elementos de la Policía Metropolitana que lo extorsionaban para poder trabajar  en la vía pública de Guayaquil.

En junio de este año el vendedor E.A.C., quien además es un refugiado colombiano, reveló en la Defensoría del Pueblo que agentes municipales le cobraban un dólar diario  por permitirle laborar en una zona regenerada del centro.

El monto, contó, se  incrementaba en la medida que había más uniformados del Cabildo presentes en las rondas de vigilancia.

Como parte de la nueva gestión será analizado un video, sobre el accionar de los agentes, que fue presentado por E.A.C. en la Defensoría.

Asimismo, el afectado debe rendir  su versión de lo ocurrido y el Ayuntamiento deberá enviar el historial de 14 agentes, a quienes se los relaciona con el hecho.   

Hace dos meses, la Defensoría pidió al Cabildo que adecúe su normativa municipal (vigente desde 2006) al contenido de la Constitución. En especial, la ‘Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioskos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad’.  

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo dispuso que los agentes de la Policía Metropolitana reciban cursos o talleres sobre derechos humanos de la población en general y de los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo o necesitados de protección internacional.