La nueva columna conmemorativa al ex presidente León Febres Cordero, anunciada por el alcalde Jaime Nebot y que el Municipio de Guayaquil pretende colocar en el sector de El Fortín de la Planchada, en Las Peñas, se mantiene en el misterio en cuanto a propuestas de diseño y contratación por parte del cabildo.

Tanto el burgomaestre como el procurador síndico municipal, Miguel Hernández, han evitado pronunciarse sobre el tema una vez que la resolución del Juzgado Octavo de Garantías Penales, que prohíbe la colocación del monumento esculpido en España sobre Las Peñas, fue notificada el lunes. 

Ni siquiera Andrés Roche y Cynthia Viteri,   asambleístas de Madera de Guerrero, quienes   participaron  en la primera audiencia por el amparo de protección interpuesto por Diabluma, han hecho declaraciones al respecto.

El representante legal de esta agrupación, Armando Bedrán,  evitará pronunciarse sobre el tema hasta el próximo viernes, según comunicaron representantes del colectivo  quiteño, quienes conocieron  ayer  la resolución.  

Sentencia notificada              

El juez Manuel Prieto, quien presidió las audiencias realizadas en la Corte Superior de Guayaquil y el Cuartel Modelo, el 15 y  22 de febrero últimos,  emitió el sábado anterior la sentencia que favorece a Diabluma.                   

En el documento entregado a las partes se resolvió dejar sin valor jurídico la resolución de la Sesión del Concejo Municipal del 22 de junio de 2009,  en que  se determinó el lugar donde se colocaría el monumento a LFC.        

“No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución”, señala la sentencia. Se prohíbe, además, el ingreso de la efigie al país por cualquier vía (terrestre, aérea o marítima).     

Una vez notificada la resolución, los representantes legales del Municipio y Diabluma tienen un plazo de 48 horas para legitimar su participación. 

En esta instancia, el Cabildo tendrá la oportunidad de apelar el fallo del juez Prieto. Al respecto, la semana pasada, previo a la audiencia en el Cuartel Modelo, el alcalde Jaime Nebot aseguró que se continuarían  los trámites para colocar el monumento y que la sentencia sería apelada.

Posteriormente al dictamen, el burgomaestre aseveró, mediante comunicado, que se levantará una columna conmemorativa a LFC hasta que la efigie pueda ser colocada.

“Será del mismo alto del monumento hecho en España (5,5 metros) y el pueblo  la colocará en el mismo sitio que decidió el Cabildo”.

Sobre eso, Esteban Delgado, subsecretario de Patrimonio, aseguró que hasta ayer el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) no ha recibido propuesta alguna sobre la nueva escultura y que, de cualquier forma, no se le podrá dar trámite.

“De lo que se trata es de prohibir cualquier tipo de construcción dentro del sector de la Planchada, sea monumento o columna, porque igual se atentaría contra el patrimonio”, indicó Delgado.

Dentro de la resolución del Juzgado 8º de Garantías Penales también se especifican, según el funcionario, las restricciones contra cualquier escultura que se pretenda levantar en El Fortín de la Planchada.     

Delgado sugirió al Concejo Cantonal, que sesionará mañana, que se determine un nuevo lugar para el monumento.      

En el portal web del Instituto Nacional de Compras Públicas (www.compraspublicas.gov.ec) no apareció, hasta ayer, ningún proceso reciente relacionado con la elaboración de una estatua a LFC, y que sea impulsado por el Cabildo porteño.

Delgado descartó que al INPC haya llegado alguna solicitud para levantar un  monumento al “Che” Guevara, en Las Peñas, y, si hubiese llegado, habría sido rechazada.   

“Pero hace quince días me llegó una petición para esa estatua en el sector de la plaza Colón, cuando ya contaba con autorización del Municipio”, dijo Delgado.   

La institución, sin embargo,   devolvió la documentación presentada porque carecía de los respectivos diseños de la escultura.   

Posibles escenarios 

Varios abogados familiarizados con la Ley de Patrimonio y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) analizaron los escenarios jurídicos que pueden presentarse en caso de una apelación por parte del Municipio.   

Vicente Santana, jurisconsulto con más de 20 años de experiencia, explicó que, incluso,  la parte querellante (Diabluma) puede presentar recursos para respaldar lo actuado en la audiencia.  “El juez a cargo de la sala deberá considerar estos recursos y los que el Municipio quiera interponer”, explicó.              

Las causas para hacer uso del recurso de apelación, especificado en el capítulo III del Código de Procedimiento Penal, incluyen las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por un juez o tribunal (art. 343).  

El recurso de apelación se debe interponer mediante escrito fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia (art. 344), señaló el abogado Manuel Fuentes.    

“Una vez que  los jueces de segunda instancia conozcan de la  apelación tienen un plazo de noventa días para resolver”, indicó.

En caso de que no se resolviera, la sentencia del Juzgado Octavo de Garantías Penales quedaría confirmada. “El proceso, desde luego, podría dilatarse si la sala acoge la apelación porque, seguramente, la parte querellante tendrá algo que objetar”, agregó Fuentes; y  ante la pregunta de quién se perfila como  probable ganador de la pugna jurídica, prefirió no adelantar criterios.