La Contraloría General del Estado auditó al Seguro Social Campesino (SSC) y determinó que hubo falta de gestión y procedimientos para actualizar la base de datos de afiliados.

El examen especial a las operaciones administrativas y financieras del SCC se dio en el marco del Plan de Control al Instituto de Seguridad Social (IESS) que determinó glosas por $88 millones.

Una de las observaciones fue al pago de $ 2 millones por bonificaciones geográficas a 1.394 servidores públicos, que laboraron entre julio de 2012 y agosto de 2014, a pesar de no tener derecho a este beneficio.

De acuerdo con la Contraloría, los funcionarios no eran acreedores ni laboran en zonas consideradas de difícil acceso, como establece la normativa del Ministerio de Trabajo.

Con el fin de dar a conocer sobre las prestaciones y servicios que brinda el Seguro Campesino se requirieron servicios para la coordinación logística, montaje y desmontaje de un evento de socializaciones.

Sin embargo, en el Servicio de Contratación Pública (Sercop) no existen los estudios que justifiquen el lugar de los eventos, productos y servicios a ser contratados ni los participantes.

Además fue presentada y aprobada una oferta sin contar con los requerimientos para la adjudicación.

También se analizó el pago por $ 2,5 millones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para el servicio de enlaces de comunicación de 659 dispensarios del Seguro sin contar con un contrato, convenio o documentos que respalden los compromisos adquiridos.

El SSC no cuenta con un instrumento legal que permita mantener el control y seguimiento de su ejecución.
Tampoco posee información actualizada de sus ingresos por recaudación, aportes personales, patronales, jefe de familia, seguros privados y medicina prepagada.

Por ello, la Contraloría recomienda en el examen especial que se efectúe una conciliación mensual de los valores recibidos por concepto de ingresos. (I)