El sector empresarial exhorta a la Corte Constitucional no dar paso a consultas populares sobre proyectos mineros.

Durante una rueda de prensa los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano y las cámaras de Comercio de Quito, de Minería y de Industrias indicaron que dar paso a consultas populares con base a intereses particulares atenta contra los derechos de los ecuatorianos.

En la cita solicitaron a la Corte Constitucional un pronunciamiento respecto a los pedidos de consulta popular. Los últimos son en Imbabura y Carchi, donde se realizan actividades de exploración del proyecto Cascabel de SolGol. Allí se registraron depósitos de cobre y oro.

“La inversión extranjera es necesaria para que el país se reactive económicamente y las garantías jurídicas resultan indispensables si se desea atraer nuevos capitales”, dijo Patricio Alarcón, titular del Comité Empresarial Ecuatoriano.

Los representantes también destacaron que la minería generará cientos de recursos para mejorar la economía del país, porque generará 32 mil puestos de trabajo hasta el 2021.

Santiago Yépez, de la Cámara de Minería, afirmó que $ 3.800 millones se generará en inversiones hasta el 2021. Asimismo, $ 3.200 millones se promoverá por exportaciones y $ 1.300 millones en impuestos”, apuntó.

Esa postura empresarial se basa en el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno, el pasado 24 de mayo en su informe a la nación. Allí defendió la actividad minera.

Al respecto, el Mandatario dijo que si Corte Constitucional autoriza cualquier mecanismo (consulta popular), que implique un incumplimiento que obligue a pagar una indemnización, invite también al pueblo "a decidir, de dónde saldrán esos recursos, y cuáles serán las fuentes de financiamiento, que remplazarían los ingresos a los que debamos renunciar". (I)