La desconcentración de la tierra, que algunos llaman reforma o revolución agraria, es una tarea pendiente  en el Ecuador. En el último balance del Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2011, presentado por Senplades el pasado 20 de enero, las estadísticas revelaron que el 5% de los propietarios concentran el 52% de las tierras agrícolas, mientras que el 60% de los pequeños campesinos posee el 6,4%.  

Y las reacciones surgieron: “Hemos avanzado muy poco y no lo entiendo. Tenemos al Iniap, que ha recibido muchísimos recursos para investigación. ¿Por qué cada arrocero del país no tiene   semillas certificadas?  Si hay que subsidiar esas  semillas lo hacemos”, afirmó el presidente, Rafael Correa.

Para el ministro de Agricultura, Stanley Vera, la Revolución Agraria no está solo en la redistribución de la tierra, sino   en elevar los niveles de productividad con programas de  riego adecuado, semillas certificadas  y capacitación para el mejoramiento de los suelos, tres ejes que  articularán la gestión  ministerial durante el último año de Gobierno.

En el último año  esa Cartera de Estado ha  entregado cerca de 11.500 hectáreas  -predios  de entidades públicas  y los  incautados a deudores de la banca cerrada- a campesinos y asociaciones de pequeños productores, y para el 2012 se prevé la entrega de otras  14.000 hectáreas.

Entre ellas están    haciendas incautadas a los deudores de la banca quebrada (La Indiana con más de 1.300 has de cañaveral), otras que han   estado en conflicto   por más de 20 años y aquellas que pertenecían a   entidades públicas como Flopec y las Fuerzas Armadas, que mayoritariamente se ubican en Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Algunos de esos predios están preparados para la exportación, como es el caso de dos florícolas en  Cotacachi (Imbabura)  que se entregarán a asociaciones de campesinos.  

En el proceso de redistribución de la tierra, también habrá una  afectación de los predios privados improductivos (al menos  5.000 hectáreas) que fueron identificados durante el 2011. Y paralelamente se impulsará la  compra de predios productivos por parte de campesinos o productores, a fin de acelerar el acceso de los quintiles más pobres a los medios de producción.

Para garantizar la eficacia  de esas medidas, el plan de reforma agraria también implica dotar al campo de sistemas  de riego,   asistencia técnica e innovación tecnológica. Actualmente se han   intervenido  150 mil  unidades productivas  (UPA) de agricultura familiar y comunitaria, de las    750 mil  que existen en   el país, mientras que en el año      2000 la asistencia técnica llegaba solo a 13 mil  unidades agrícolas. Las competencias de riego también fueron transferidas a los gobiernos provinciales, que este año recibirán alrededor de 67 millones de dólares para ese propósito. 

La dotación de semillas genéticamente mejoradas es parte del plan y hasta el momento existen convenios con 200  organizaciones  campesinas   que actuarán como semilleristas, fundamentalmente de granos y tubérculos. Y en un segundo bloque está el mejoramiento de   semillas para pastos con miras hacia la exportación de  leche y carne. “Es estratégico disminuir la superficie de pasto y aumentar el número de ganado, eso es productividad”, explicó el viceministro de Desarrollo Rural, Miguel Carvajal.

La recuperación  de suelos y el crédito productivo apuntalan la Revolución Agraria

Se estima que en el país  habría   un déficit    del 48% de suelos fértiles, un aspecto  fundamental  a la hora de mejorar los índices de  productividad agrícola y ganadera. Para atender ese requerimiento, en mayo del año pasado,  el Estado    adquirió  un tractor roturador de suelos erosionados, que está operando en Chimborazo,    y se prevé comprar otros  más.

A ese propósito se suma la entrega de créditos productivos, un aspecto íntimamente  ligado a la seguridad jurídica en el agro, un  tema que  será recogido en el Proyecto de Ley de Tierras que el Ejecutivo tendría listo en  marzo próximo, y en el cual se establecerán con claridad los  mecanismos de afectación para los predios que no  cumplen con su función social: producir o proteger el ambiente. Y precisamente, esos predios improductivos, según el viceministro Carvajal, estarían concentrados en  un 30% en la Sierra y lo demás en la Costa.  

En la Amazonía la situación es distinta, pues del millón de hectáreas  titularizadas  en todo el país, el   90% de esa superficie está en esa región  porque corresponde a los territorios de los  pueblos ancestrales, explicó el funcionario.  
Ese mecanismo  es fundamental porque garantiza la seguridad jurídica de los comuneros,   necesario a la hora de solicitar un préstamo.

Durante la evaluación del Plan Nacional del Buen Vivir, el presidente Rafael Correa también se planteó  la necesidad de revisar  el marco jurídico  en torno a  las tierras comunales porque al ser intransferibles,  inembargables e inajenables  no sirven como garantía crediticia.

Al respecto, Carvajal cree que no es un obstáculo porque el campesino puede garantizar el préstamo con su  cosecha o   los bienes de capital (tractores o herramientas de trabajo), pero reconoce que las dificultades están en la oferta crediticia: la banca pública aún no ha llegado a los sectores campesinos y éstos deben acudir a las finanzas populares o cajas de ahorro, que generalmente ofrecen mayores intereses y montos muy reducidos. Por eso la urgencia de contar con  líneas de crédito especializadas para riego,   mecanización y  comercialización. 

En un análisis  general,  el viceministro cree que los avances han sido significativos en los últimos cinco años. “En  cantones como Colta  y en general en  Chimborazo ya no hay haciendas, son tierras comunales,   que lamentablemente a veces son consideradas como unidades productivas, que a nuestro criterio es  una manera equivocada, pues son  haciendas   que pueden estar representadas por  10, 20,  50 ó 100 familias. En nuestra opinión, existe la  necesidad de regular los procesos de concentración o tenencia de la tierra agrícola, pero también de hacer un ajuste sobre el modelo  que tenemos”.