Alrededor de $ 30 millones adicionales consignará el Gobierno para cumplir con las disposiciones de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en febrero de 2018.

Se incluirán acciones y estrategias para disminuir el número de embarazos en menores de edad. Los recursos son parte de los $10.200 millones de financiamiento externo obtenidos a través de siete organismos multilaterales.

La Misión Mujer, del programa Plan Toda Una Vida, ejecutará acciones coordinadas con los ministerios de Educación y Salud Pública. Todas las misiones y programas sociales tendrán un incremento en sus asignaciones presupuestarias.

Isabel Maldonado, secretaria Técnica del Plan Toda una Vida, señaló que entre las metas está ampliar la cobertura de atención en al menos 120.000 niños y niñas de entre 3 y 5 años para centros de los ministerios de Salud y  de Inclusión Económica.

Proteger a los más vulnerables es uno de los ejes del Plan de Prosperidad que apoyan los multilaterales.

Los programas de transferencias monetarias a las poblaciones vulnerables son una herramienta importante para reducir la pobreza y promover la inclusión, se destaca en el Plan.

Más de 100.000 ayudas técnicas para personas con discapacidad se prevé entregar este año; en 2018 fueron alrededor de 66.000.

Será posible porque la inversión en la misión Las Manuelas aumentará en $ 15 millones. Maldonado aseguró que los esfuerzos se concentran en superar la pobreza y disminuir todas las brechas de desigualdad.

En ese sentido, también se actuará en los programas Todos ABC, Mis Mejores Años, consumo problemático de drogas, Plan de Lectura, y Casa para Todos (dirigida a las viviendas de entrega gratuita para los más pobres).

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acompañará al Gobierno ecuatoriano en la supervisión del uso de los fondos.

Nuno Queiroz, representante del PNUD en Ecuador, resaltó que el Plan de Prosperidad se ajusta a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

El ente dará apoyo técnico para monitorear que las acciones se ejecuten acordes a lo establecido en el plan y se prioricen las inversiones en áreas sociales. (I)