La Universidad de las Américas de Quito (UDLA) arrendó uno de sus campus a una empresa registrada en Panamá, considerada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador como paraíso fiscal.

Diario EL TELÉGRAFO accedió a un contrato de arrendamiento, fechado en mayo de 2011, entre la empresa Southern Enterprises & Investments CO. S.A. (Seico), domiciliada en el país centroamericano, y el consorcio Servicios Profesionales Ad Portas S.A. de Ecuador por una cuantía de $ 234.600 mensuales más IVA.

La UDLA es accionista de Ad Portas, la cual alquiló a la firma panameña el lote ‘Interno 2’, que comprende los 10.200 metros cuadrados, ubicado entre la Avenida Eloy Alfaro y José Queri, en el norte de Quito. Allí opera actualmente el campus ‘Queri’ de la UDLA, que colinda con otros arrendatarios de Seico: Fiveconts, Cinascar y Starmotors (ver gráfico).

La universidad privada, bajo la dirección de Carlos Larreátegui, es una de las 5 que son investigadas por el SRI por los presuntos vínculos con paraísos fiscales. La Constitución de 2008 establece que la educación responde al interés público y no a los individuales o corporaciones. Por lo tanto, estipula que las instituciones educativas “públicas o particulares no tendrán fines de lucro”.

El 13 de julio pasado, Leonardo Orlando, titular del SRI, presentó a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional un avance de la investigación sobre los grupos económicos relacionados con paraísos fiscales. Esto luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelara a principios de abril pasado una lista de los clientes de Mossack Fonseca, un estudio jurídico panameño conocido por crear empresas offshore en todo el mundo.

En la indagación del SRI se detectó que 5 universidades mantenían relaciones empresariales ajenas al ámbito académico o de investigación.

Orlando dijo ante la Comisión Legislativa que “el ánimo de lucro se da en la utilización de las universidades para establecer relaciones empresariales con compañías vinculadas a la misma universidad o a sus directivos (...) En algunos casos se constituyeron empresas con fines de lucro que brindan servicios a la misma entidad”.

El último informe de ejecución presupuestaria que se registra en la página web de la UDLA es de 2014. Ese año destinó $ 5’453.715 en arriendos, frente a $ 1’411.178 que se invirtieron en capacitaciones a docentes y a los $ 3’874.875 para investigación. Es decir, los arriendos superan a la inversión en las áreas académicas.

La situación es similar en años anteriores: en 2013 los arriendos representaron $ 4’616.393 cuando en capacitaciones e investigación se destinaron $ 1’247.909 y 3’517.313, respectivamente; mientras que en 2012 se asignaron $ 3’781.260 en arriendos y en 2011, $ 2’521.078. En esos dos últimos años, la capacitación no llegó ni al millón de dólares y no se registró ninguna inversión en investigación.

¿Qué tienen en común la empresa Ad Portas y la UDLA?

El objeto social de Ad Portas S.A., constituida en el país en 1994 -según la página web de la Superintendencia de Compañías (SC)- incluye el sector educativo en sus niveles preprimario, primario y medio, además de brindar asesoría y servicios profesionales en administración, dirección de empresas y planificación estratégica empresarial.

José Pedro Undurraga Izquierdo consta como su presidente, quien además es vicepresidente de la Junta Directiva de la UDLA en Chile. Mientras que la empresa PBP Representaciones CIA. LTDA. consta como gerente de esta y otras 189 firmas domiciliadas en Ecuador.

Esta no sería la única relación con empresas del país sudamericano. Los accionistas de Ad Portas S.A. -según la página web de la Súper de Compañías- son las firmas chilenas Inmobiliaria Educacional SPA y Laureate Desarrollos Educacionales SPA, las cuales tienen nexos con la red Laureate International Universities, de la que también son parte la UDLA de Chile y su filial en Ecuador.

Esta última fue creada por el centro de estudios chileno en noviembre de 1995 y se unió a la red de universidades Laureate en 2005.

Cinco años después, la UDLA junto a su agencia matriz en Chile, la Universidad Andrés Bello (UNAB), el Instituto Profesional AIEP y la Universidad Viña del Mar (UVM) crearon la Inmobiliaria Educacional SPA, también domiciliada en Chile,  para “garantizar el desarrollo del plan de infraestructura de las instituciones, haciendo más sustentables” sus proyectos.

Hasta 2014, el 83,1% de la inmobiliaria era propiedad de instituciones educacionales, mientras que el 16,8% pertenecía a Laureate y otras entidades relacionadas a esta.

La red Laureate y sus 5 universidades adherentes en Chile han sido investigadas por el Ministerio de Educación de ese país por presuntas irregularidades en sus contratos y en “el uso concreto de los servicios que presta la entidad internacional”. La legislación de Chile también prohíbe que las instituciones educativas tengan fines de lucro. Este Diario intentó comunicarse con Larreátegui pero no obtuvo respuesta. (I)