La Comisión Europea pasó de nuevo a la ofensiva este miércoles contra la optimización fiscal en el bloque de los gigantes estadounidenses de internet, con las prácticas de Amazon en Luxemburgo y las de Apple en Irlanda en el punto de mira.

El ejecutivo europeo urgió por una parte a Luxemburgo a cobrar a Amazon unos 250 millones de euros de ventajas fiscales indebidas y, por otra, decidió llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recaudar de Apple unos 13.000 millones de euros.

"A Amazon se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales. Según las normas de la UE sobre ayudas estatales, esto es ilegal", subrayó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Amazon rechazó rápidamente estas acusaciones, asegurando "no haber recibido ningún trato especial de parte de Luxemburgo". "Hemos pagado nuestros impuestos en pleno cumplimiento de las normas fiscales internacionales y de Luxemburgo", agregó.

El grupo abrió la puerta a "recurrir" la decisión del ejecutivo comunitario, tras estudiarla y "considerar todas las opciones legales".

Hace poco más de un año, la Comisión Europea había acusado a Apple de haberse "beneficiado de beneficios fiscales indebidos" de la parte de Irlanda, a cuyo gobierno urgió entonces a recuperar 13.000 millones de euros.

Ante la falta de actuación de Dublín, Bruselas decidió llevar el caso ante el TJUE. "Irlanda todavía no ha recuperado la suma, aunque solo sea en parte. Por eso, hemos decidido llevar a Irlanda ante el TJUE", agregó Vestager.

Bruselas tiene en el punto de mira a los grandes grupos de internet como Amazon o Apple por llevar a cabo la práctica conocida como optimización fiscal, consistente en montajes financieros para minimizar sus impuestos.

Estas empresas transfieren artificialmente los beneficios obtenidos en toda la UE a un solo país del bloque, como Irlanda o Luxemburgo, donde se benefician de un régimen de imposición ventajoso.

Para hacer frente a esta práctica, Francia, Alemania, Italia y España, con el apoyo de otros seis países, presentaron a mediados de septiembre una iniciativa para gravar a las multinacionales en base a su facturación en cada país, en lugar de los beneficios.

A pesar de las reticencias de algunos países del bloque como Irlanda o Malta, la Comisión Europea debe proponer en 2018 nuevas reglas para gravar en la UE a estas multinacionales. (I)