Cerradas amanecieron ayer las oficinas  de la cooperativa Amazonas, luego de que uno de sus vehículos se volcó la madrugada del martes en la vía a Papallacta y dejó 13 víctimas. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dispuso la intervención y la no operación de la compañía de transporte por el lapso de 30 días, contados desde el 25 de abril pasado.

Como parte de la intervención, los conductores de la operadora serán evaluados y se realizarán controles para  prohibir la circulación de sus unidades. Con ello, también quedó temporalmente suspendida la resolución para renovar el  permiso de operación de la cooperativa.

Mientras tanto, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito se recuperan favorablemente dos sobrevivientes del accidente de tránsito: Esthela Yauripoma (33 años) y Édison Defaz (33 años), éste último conducía el bus. Personal de la casa asistencial informó que por la tarde saldrían de la unidad de cuidados intensivos para ser atendidos en las salas de cirugía general y traumatología, respectivamente.

En el Hospital del Valle, en cambio, aún permanecen en estado crítico tres de los seis heridos que ingresaron el martes pasado. Augusto Maldonado, jefe de Emergencias de la entidad, indicó que Emerson Ligui (7 años), Marlene Shiguango (46) y Manuel Veintimilla (35) fueron dados de alta horas después del accidente.

Los 10 heridos que fueron trasladados al hospital de Baeza, en cambio, ya fueron dados de alta. El último paciente salió ayer, pues no presentaba lesiones severas.

El penalista César Albán explicó que tras las investigaciones pertinentes, el responsable podría ser sancionado con reclusión menor de 3 a 6 años, una pena que podría ser mayor si se determinan otros agravantes como el uso de sustancias estupefacientes. Eso sin perjuicio de la suspensión definitiva de la licencia de conducir, según lo establece la Ley de Tránsito.

No obstante, señaló que la cooperativa y el propietario del vehículo son corresponsables del suceso. Y no descartó que los heridos y familiares de las víctimas puedan iniciar un proceso paralelo para exigir una indemnización.

En las terminales terrestres de Quitumbe (en el sur) y Carcelén (en el norte), la Policía Nacional mantiene los controles para verificar el buen estado de las unidades y a los conductores se les realiza una prueba de alcoholemia y se revisa los puntos en su licencia. También se colocan sellos en las puertas, con el fin de que no recojan pasajeros fuera de la terminal.