La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito —adscrito al Ministerio de Educación— resolvió disolver a la Unión Nacional de Educadores (UNE) por incumplir los artículos 18 y 22 numeral 7 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.

Dichos apartados se refieren a infringir “las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas” y a la elección de la directiva y su respectivo registro.

Una vez disuelta la organización con 66 años de vida jurídica, la subsecretaria conformó la comisión liquidadora integrada por los socios de la UNE y se dispondrá a notificar de la resolución a varias entidades del Estado como Dirección Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro del Ministerio, la Contraloría, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo.

El 21 de julio el Ministerio dio un plazo de 15 días para presentar evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales de destitución determinadas en el artículo 22 del Reglamento. Caso contrario su liquidación se ejecutaría 5 días después.

No obstante, la semana pasada el gremio pidió que se declare la nulidad del proceso administrativo pues —en su opinión— no estaban claros los motivos de disolución.

En un comunicado, el Ministerio de Educación recalca que "ha solicitado desde hace más de dos años que UNE regularice el registro de su directiva debido a que la falta de ello implica violación a la reglamentación que rige la vida jurídica de las organizaciones sociales". Añade que la información presentada en diciembre de 2013 y en agosto de 2016 "no ha evidenciado de forma suficiente la aplicación de los principios democráticos, contemplados en su propio estatuto".

La Cartera de Estado explica que la comisión liquidadora presentará en un plazo de 90 días el informe correspondiente a la liquidación de activos y pasivos de la UNE. (I)