Las trabajadoras sexuales denuncian informalidad y piden afiliación al IESS

Hace tres meses Karina P. llegó a Quito desde Santo Domingo de los Tsáchilas. Con 25 años, tiene la delgadez de una adolescente.

Karina cuenta que su prima, quien vive y estudia en la capital, le planteó la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual e independizarse de su familia.

En Santo Domingo, Karina vivía con su madre, sus tres hermanos menores y su padrastro. Muchas veces escapó de que el cónyuge de su progenitora la violara. “Le conté a mi mamá, pero ella nunca me creyó. Incluso una vez me pegó porque dijo que yo quería quitarle a su marido”, expresó con resentimiento.  

Después de esa pelea, la joven se decidió y viajó a Quito. Hace un mes vivía con su prima, pero ahora arrienda una vivienda pequeña en  La Tola (en el centro).

Cada mañana, Karina camina desde su casa hasta la calle Guayaquil. Ahí se pasea por la acera hasta que consigue algún cliente. Aunque el costo promedio por un servicio sexual en el sector es de $ 10, la joven cobra $ 15 y a veces hasta $ 20.

“Los hombres siempre pagan más por las más jóvenes y bonitas”, indicó una mujer de 39 años que también se dedica a este oficio.

Las mujeres caminan y se detienen en la esquina de las calles Guayaquil y Esmeraldas. Los transeúntes las miran de reojo y se abren paso entre ellas.

Según el estudio ‘Trabajo sexual en el Centro Histórico’ (Instituto de la Ciudad), en 2013, en las plazas y calles del centro de la urbe laboraban 200 mujeres; y en La Cantera, un espacio de tolerancia, 89.

Ellas cuentan que trabajar de forma ‘independiente’ tiene sus ventajas y desventajas. Entre los beneficios consta el manejo de su tiempo (no se rigen a un horario laboral ni a un jefe) y un inconveniente es que no acceden a los beneficios del seguro social.

Otra compañera de Karina comenta que sufre de asma. Hace dos meses tuvo complicaciones respiratorias y se enfermó de gripe. A pesar de que hay un centro de salud cercano al sitio en el que ejerce su trabajo, no logró ser atendida por la cantidad de personas que esperaban en la sala de emergencias. Ella optó por un médico privado. Además del valor de la consulta, financió sus medicinas y el tratamiento para el asma. “Esto no me costaría si tuviese seguro social”.

La asambleísta Gina Godoy, de Alianza PAIS, indicó que el acceso de este grupo de mujeres al seguro social es un debate que no se agota. Una de las alternativas que plantea la legisladora es la afiliación voluntaria. Karina y sus compañeras no están de acuerdo con este tipo de mecanismo, pues ellas deberían costear el total de la aportación.

Godoy agregó que conoce a mujeres que optaron por este oficio porque no tuvieron acceso a la educación o emprendimientos. “Además, prestan sus servicios en condiciones de riesgo y violencia”.

La Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador precisa que el 79% de ellas tiene entre 21 y 40 años de edad; y el 94% es madre y el 81% tiene a su cargo los hijos y son cabezas de hogar.

Asimismo, el 47% tiene más de nueve años ejerciendo, el 17% entre uno y dos años; y 1 de cada 10 lleva en el trabajo sexual entre 5 y 6 años.

María (nombre protegido), de 40 años, se dedica a este oficio desde hace 13 años, es madre de tres hijos y tiene dos nietos. Su familia -asegura- sabe a qué se dedica.

“Al inicio fue incómodo. Mis hijos varones me juzgaron, pero así logré que estudien. Ahora tenemos una buena relación”, comentó mientras camina por la Plaza del Teatro.

Elizabeth Molina, representante de las trabajadoras sexuales, reveló que la mayoría de mujeres en su vida diaria enfrentan violencia, discriminación y estigmatización, por lo que se ven obligadas a ocultar su trabajo y llevar doble vida.

La dirigente asegura que el derecho de sus compañeras a la seguridad social es vulnerado porque el oficio no es reconocido legalmente como actividad laboral y por el desconocimiento de las mujeres sobre la afiliación voluntaria.

La inestabilidad y la informalidad de la contratación es otro problema que enfrenta el gremio, pues el convenio nunca consta en un contrato escrito, solo es verbal. El contrato conlleva a que las mujeres cumplan con los horarios que establecen las casas de tolerancia en las cuales prestan sus servicios. (I)