"El Estado asumió un rol importante en el cuidado del sistema educativo"

El candidato Guillermo Lasso ha propuesto implementar en Ecuador el sistema de vouchers educativos, en conversación con EL TELÉGRAFO, Pedro Henríquez Guajardo, exdirector de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación de Chile (1990-1994 y 2003-2006) y actual director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación superior en América Latina y el Caribe (IEASALC), explica que el sistema de vouchers implementado en Chile ha impactado negativamente el sistema educativo, estimulando el crecimiento injustificable de un sector de la sociedad que vende un servicio que es un derecho, amparándose en un esquema desregulado, que solo fue posible bajo la dictadura, sin provocar avances efectivos en calidad y equidad.

¿Cuándo se introduce el sistema de voucher en Chile?

La introducción del sistema de subvenciones, homologable al voucher, se produce en Chile en 1981, en plena dictadura militar. Sus ideólogos utilizaron una vieja usanza presupuestaria chilena que otorgaba subvenciones a instituciones educativas sin fines de lucro/filantrópicas, y transformaron el sistema de financiamiento con base a 5 premisas principales: 1) la reducción de la participación de todo el sector educativo en el producto interno bruto del 6,2 % en 1971 al 2,8% en 1989; 2) cambio drástico en la concepción ideológica de la educación, desde aquella que la consideraba un derecho, hasta derivar en el pago de un servicio, en que la educación es considerada como un bien transable, que se desarrolla mediante las leyes del mercado; 3) retroceso del rol del Estado en el sistema educativo, desde el Estado regulador, interventor, hasta un Estado subsidiario que delega en instituciones intermedias todo aquello que no está en su ámbito político directo; 4) traspaso de la administración educativa desde el Ministerio de Educación, en 2 direcciones: transferencia de las escuelas públicas a las municipalidades del país y la segunda a través del estímulo a las escuelas privadas, para hacerse cargo del sistema educativo, creando escuelas y establecimientos educativos con una legislación laxa y desprovista de los necesarios controles y salvaguardas de recursos públicos; 5) el propósito político de neutralizar/destruir la organización social de los profesionales de la educación (maestros/profesores) al trasladar a los gobiernos locales la responsabilidad del manejo del sistema educativo. En este contexto el número de funcionarios del Ministerio de Educación se redujo de aproximadamente de 160 mil a 3.307 en tan solo una década.

El equipo de un candidato a la presidencia de la república del Ecuador, ha afirmado que el método de vouchers educativo es en Chile un sistema exitoso...

El modelo de subvenciones no ha logrado, después de 36 años de aplicación, alcanzar niveles óptimos de calidad y equidad.

El sistema educativo chileno sigue caracterizándose por una extrema segregación, principalmente atribuibles a cuestiones económicas y también por fallas endémicas en el desempeño docente, cuya solución ha exigido la inversión de recursos públicos cuantiosos. Con el advenimiento de la democracia fue necesario aplicar una serie de políticas educativas, en el camino de solucionar el acceso igualitario al sistema; en 1991 Chile fue el primer país de la región que se vio obligado a recurrir al endeudamiento externo para desarrollar un programa de mejoramiento de la calidad y la equidad que le costó al Estado $ 171 millones en 5 años, a lo que se suman programas especiales de distribución de recursos educativos, capacitación docente y recuperación de la infraestructura escolar, todo ello implicó para el Estado una inversión por sobre los $ 10 mil millones. A partir de los años noventa el Estado, con recursos de todos los chilenos, tuvo que paliar los nocivos efectos de un sistema desregulado y sometido a las reglas del mercado.

En definitiva…

El sistema de vouchers —subvenciones— ha impactado negativamente el sistema educativo chileno, estimulando el crecimiento injustificable de un sector de la sociedad chilena que lo ha hecho vendiendo un servicio que es un derecho, amparándose en un esquema desregulado, que solo fue posible bajo dictadura, sin provocar avances efectivos en calidad y equidad.

Se ha hecho imprescindible generar legislación especial para atender las demandas del sector docente que se vio negativamente impactado por los cambios provocados desde que se instauró el sistema de subvenciones. Pérdida de derechos adquiridos, maltrato laboral, deterioro del rol docente, son pálidas muestras del efecto en este importante eslabón del sector educativo. Respecto de su impacto en las instituciones públicas quizás esto se puede graficar en que el Ministerio de Educación en Chile no está presente en las escuelas… y que los municipios chilenos, no son la entidad indicada para sostener ni la responsabilidad política, ni técnica del sistema educativo.

Para la sociedad, el sistema no ha sido positivo. Las reformas demandadas por todos los sectores son a estas alturas de carácter estructural. El sistema educativo chileno precisa de cambios profundos. Ese es el desafío que se enfrenta, los vouchers no han sido capaces de responder a las necesidades de mayor equidad y calidad y las soluciones parciales no dan cuenta de la necesidad de transformación completa del sistema, especialmente en los temas de regulación, financiamiento, aseguramiento de la calidad y equidad.

¿Cuál es el problema, que en el marco de la autonomía existan universidades públicas gratuitas e instituciones orientadas a estudiantes en condiciones de pagar altos aranceles…?

Segregación, desigualdad. La tendencia manifiesta de crecimiento de matrícula, amparada en estas lógicas agudiza las diferencias y las brechas entre sectores acomodados y los sectores pobres. Aun cuando en América Latina la matrícula ha crecido en forma sostenida en los últimos treinta años, gran parte de dicho crecimiento ha sido absorbido por el sector privado. Lo positivo es que ha permitido cubrir una demanda mayor, lo preocupante es que la concentración de nuestras instituciones se orienta a la misión formadora y profesionalizante en desmedro de la misión investigadora o aquella que marca el compromiso social de las instituciones. En el sector privado, el crecimiento en formación produce mayor rentabilidad que el desarrollo de las otras misiones. Lo mismo acontece al analizar la calidad de sistemas e instituciones que no ha sido resuelto. Se agrega a ello la generación de amplias desigualdades, que se manifiestan no solo en el nivel de educación que estas instituciones imparten, sino que se proyectan al cumplir el logro académico para la empleabilidad de los egresados.

Y en este sentido, la búsqueda de una educación superior que responda a las necesidades del país, merma la autonomía universitaria…

La autonomía, tal como la veo, es una cualidad que debe ejercerse en forma responsable. Es importante generar sistemas de evaluación y aseguramiento de calidad para de alguna manera cuidar los intereses y la fe pública puesta a prueba con sistemas desregulados y basados estrictamente en las reglas del mercado: esto es especialmente aplicable al sector privado que es el de mayor crecimiento registrado en estos últimos años, no solo en Ecuador sino en el resto de la región… pero también se aplica a las públicas cuyo compromiso es aún mayor al contar en su seno con las poblaciones más vulnerables. En tanto nuestras instituciones acojan la demanda de la sociedad por una educación superior transparente, fiable y de calidad, compatible con los intereses del país, no verán amenazada su integridad. Las instituciones deben responder a los intereses de las comunidades donde se insertan, en su misión formadora y en la misión de generar conocimiento y democratizarlo.

Ha mencionado la necesidad de contar con una educación superior de calidad, y conveniente pasar de sistemas de acreditación nacionales a sistemas exclusivamente internacionales.

En este ámbito es pertinente pensar en la generación de sistemas de acreditación que satisfagan la fe pública y que demuestren instituciones transparentes y eficaces en su misión creadora de conocimiento. No se trata solo de que los procesos de evaluación muestren que la institución es viable académicamente; también es importante demostrar que su misión permite a sus actores ser reconocidos por sus pares, tanto dentro del país como internacionalmente.

En mi opinión, es relevante generar sistemas de acreditación nacionales, previo a la inserción en los sistemas internacionales.

¿Cuál es el balance de la reforma de la educación superior ecuatoriana?

En mi opinión, la mayor fortaleza de la reforma planteada hace algunos años descansa en: el Estado asumió un rol importante en el cuidado del sistema educativo como un todo, y que en la implementación de los cambios ha existido un notable criterio anticipatorio, no se ha dado lugar a la improvisación, se han definido e implementado etapas realistas y pragmáticas; transformación que a su vez ha estado sustentada en esquemas constitucionales aceptados mayoritariamente por la sociedad Ecuatoriana, ha sido una política transparente y preocupada por mejorar efectivamente la calidad, pertinencia e igualdad en la educación en general, lo que también impacta a la educación superior en particular. Un problema, es que la educación superior intercultural sigue siendo tarea pendiente. (I)