Héctor Jácome, alcalde del cantón Rumiñahui (al suroriente  de Quito) anunció ayer que la construcción del nuevo camal empezaría en mayo de este año y que las instalaciones se establecerán en un terreno de propiedad de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE).   

Según Jácome, la misma institución educativa está encargada de la realización de los estudios técnicos de la infraestructura.

El anuncio fue hecho un día después de que 6 de los 7 ediles que conforman el concejo rumiñahuense acogieran el pedido de revocatoria planteado por la ciudadana Rita Medina.

El argumento principal de Medina es, justamente, la demora en el arranque del proyecto y los efectos que la falta de un sistema moderno de desposte de animales genera en el cantón pichinchano.

Sobre el retraso, Jácome afirmó que en una primera instancia, la idea era que el camal fuese construido a medias entre los cantones Rumiñahui y Mejía. Para ello se preveía ocupar un terreno cerca de Alóag (Mejía).

Pero, de acuerdo con la autoridad, los propietarios de las haciendas de ese sector impidieron por diversos medios el arranque del proyecto.    

No obstante, la concreción de la obra tal como lo anuncia el Alcalde afrontaría varios problemas.

Uno de ellos, según el concejal Mario Cárdenas (Alianza PAIS), es que el proyecto como tal, incluida la construcción, no estaba contemplado en el presupuesto municipal para el año 2016 ($ 50 millones).

Cárdenas dice que lo que se estableció fue un rubro de $ 60 mil para la realización de estudios previos.

El edil de AP afirma que la opción que tendría el Burgomaestre para cumplir con su anuncio sería lograr que el Banco del Estado (BdE) apruebe un crédito de $ 19 millones que Jácome solicitaría y utilizar parte de esos recursos ($ 5 millones) en la construcción.

El representante de AP afirma que tampoco es seguro el uso del predio al que se referiría Jácome por cuanto el consejo universitario de la ESPE aún no ha emitido una resolución sobre una posible venta o donación del terreno.

La destitución de Jácome por parte de las 3 cuartas partes del Concejo genera criterios divididos.  

Ana Vilaña, moradora del sector de Cotogchoa, afirmó que el titular del ejecutivo rumiñahuense debe aceptar la decisión, pues en sus 3 mandatos no ha solucionado los problemas de su parroquia.

Una de las dificultades más graves a las que alude Vilaña es la proliferación de camales sin condiciones técnicas ni de salubridad adecuadas. La mujer asegura que muchas de esas instalaciones contarían con permisos municipales.  

Entre tanto, Jácome dijo que ha ejecutado 14 mil obras e insistió en que seguirá trabajando a la espera de la decisión que dé el Tribunal Contencioso Electoral sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación de los concejales sobre su salida.

La entidad tiene un plazo de 10 días para pronunciarse. El Cootad determina en su artículo 337 que la autoridad cuestionada continúa en funciones hasta que el contencioso dirima el tema. (I)