La Organización de las Naciones Unidas declaró al 1 de diciembre como el Día Mundial del Sida, como un compromiso para dar una respuesta global a la pandemia, crear conciencia, recordar a quienes han fallecido o viven con el virus del VIH, promover estrategias para la prevención, tratamiento, atención y apoyo, y velar por los derechos humanos y la igualdad de género. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución A/RES/S-26/2 de junio de 2001, aprobó la Declaración de Compromiso de Lucha contra el VIH/Sida, donde los Estados se comprometieron a mejorar la coordinación y las actividades nacionales, regionales e internacionales, para combatirlo integralmente. Según la ONU, desde el comienzo de la pandemia 78 millones de personas fueron infectadas; 35 millones fallecieron por enfermedades asociadas; 36,7 millones vivían con VIH; y 18,2 millones tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica hasta junio de 2016. En 2015, 2,1 millones de personas contrajeron la enfermedad.

La Declaración de la ONU es una guía eficaz para luchar contra el SIDA, y promueve que los gobiernos impulsen a nivel nacional, regional y mundial planes y estrategias de financiación multisectorial que incluya a las organizaciones civiles, la empresa y a las personas que viven con el VIH.

La prevención constituye la base de las acciones para enfrentar la epidemia, por ello ONUSIDA ha planteado una estrategia para el período 2016-2021, en la que se prioriza que los niños, niñas, adolescentes y adultos, accedan a la prueba de detección, conozcan su diagnóstico y cuenten con un tratamiento sostenible y de calidad; que los hombres y mujeres practiquen normas saludables de género, se ponga fin a la violencia basada en género y en particular a la violencia sexual.

El vínculo entre VIH/SIDA y los derechos humanos es fundamental, pues desde el inicio de la epidemia, las prácticas sociales, institucionales, las políticas y la legislación, en muchos países, generaban estigma y discriminación, obstaculizando el acceso a la educación, salud, servicios sociales, protección jurídica, intimidad y confidencialidad. Especial atención se debe dar a las personas en situación de vulnerabilidad por la discriminación basada en el sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, discapacidad, consumo de drogas, estatus migratorio, ser trabajadora o trabajador sexual y estar privado de libertad.

La tarea es enorme, Ecuador ha realizado esfuerzos institucionales y presupuestarios, cuenta con un mandato constitucional y una ley que data del año 2000, sus planes y políticas deben ser revisados a la luz de la estrategia global, así como de las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la ventaja de contar con una fortalecida organización de personas viviendo con VIH y una seria voluntad institucional para empujar esta lucha que es de todos y todas. (O)