El Ecuador está retornando a los causes de la democracia y es deber de todos posibilitar esta tarea: derechos ciudadanos y control, son la clave. La lucha contra la corrupción es una obligación, ya que ésta, permite que el ciudadano común recupere la fe en sus instituciones.

El despilfarro y el uso doloso de los dineros del Estado es un delito grave, pero éste es mucho más grave cuando se produce sobre el dolor, la desesperación y muerte. Esos recursos eran necesarios para recuperarse de la tragedia, mitigar el dolor y retomar sus vidas. Terrible la historia de Manabí y Esmeraldas por el dantesco efecto del terremoto del 16 de abril de 2016.

La impresionante solidaridad del pueblo ecuatoriano con los afectados mostró su espíritu y sus valores; alimentos y vituallas llegaron y la contribución posterior de más de $ 1.620 millones para la reconstrucción. Lo vergonzoso, lo terrible es que existen presunciones y evidencias de que esos recursos y los de la ayuda internacional, no se utilizaron en los más afectados por el terremoto. Hoy, luego de 31 meses, familias que perdieron sus casas todavía viven en carpas, en casas a medio reconstruir con sus propios recursos, en casa de parientes, amigos o vecinos.

Los hospitales de Bahía, Chone y Pedernales brillan por la ausencia, puesto que, la mayoría ni siquiera han sido contratados, las zonas comerciales de las ciudades afectadas, en muchos casos, siguen sin servicios básicos;  los comerciantes y emprendedores que lo perdieron todo, necesitan el apoyo y créditos para con esfuerzo reactivar su actividad productiva, de no hacerlo, la indolencia seria criminal. La Secretaria de la Reconstrucción del anterior gobierno, que manejó la mayoría de recursos, tienen que dar cuenta de aquello y la Contraloría tiene la obligación de auditar y establecer esponsabilidades.

Hoy la tarea es urgente y prioritaria; Manabí  y Esmeraldas no pueden esperar. Todas las instancias del Estado tienen un compromiso con estas provincias, considerando su inmensa potencialidad. Los instrumentos están listos, la Ley de Fomento Productivo  y las reformas a la Ley de Solidaridad, que la última semana aprobó la Asamblea, abren el camino para impulsar el desarrollo, la inversión y el empleo. (I)