Una economía dolarizada en un país tan pequeño como el nuestro, nos obliga a buscar con mayor celeridad niveles de competitividad efectivos. En esa línea se requieren compromisos por parte del sector privado y acciones por parte del público.

En el caso de los privados nos esforzamos en ser más productivos; es decir que con los mismos recursos producimos más. En esa línea el sector público debe facilitar las cosas a través de la reestructuración de impuestos que solo encarecen la producción.

En la actualidad reconocemos que el Gobierno Central realiza esfuerzos para cumplir con sus obligaciones exteriores y eso genera confiabilidad en el país, lo que favorece la generación de créditos e inversiones.

En el caso puntual de las Cámaras de Agricultura, hay temas pendientes que reducen la competitividad del sector. Uno de los obstáculos es la excesiva tramitología, que vuelve los procesos engorrosos e ineficientes. Un ejemplo claro de eso es lo que pasa con los permisos que otorga Senagua.

Es importante recordar que el 25% del total de la población económicamente activa (PEA) está en lo rural. Es decir que de ocho millones de trabajadores, dos millones hacen trabajos agrícolas y de esos solo el 25% tiene trabajo seguro; mientras que en las urbes ese porcentaje llega al 38%. Necesitamos eliminar la rigidez laboral. (O)

Kléber Sigüenza
Cámara de Agricultura de la Costa