Quienes buscan protagonismo mediante escándalos convierten a los medios de comunicación en juzgados de última instancia y se vuelven verdugos de los derechos humanos fundamentales como: la honra y la presunción de inocencia. Pero peor aún es que los mismos, teniendo el poder, se opongan a la aprobación de leyes orientadas a prevenir los actos de corrupción convirtiéndose de esta manera en cómplices de los corruptos.

Es cierto que en la lucha contra la corrupción todos debemos velar para que ningún acto de deshonestidad quede en la impunidad, pero es fundamental garantizar el debido proceso y permitir que la justicia actúe libre de presiones para que sancione con dureza los casos en los que se compruebe, sin lugar a dudas, la culpabilidad de alguien.

Una forma de interferir en el sistema de justicia es la creación de un Estado de opinión pública que condicione las decisiones de los jueces o fiscales a cargo de un caso; la historia es muy nutrida en ejemplos como estos, pero quizá el más conocido en nuestra cultura es el lavado de manos de Poncio Pilato.

En Ecuador se puede atestiguar la manera cómo opera un Estado de opinión, así, el vicepresidente, Jorge Glas, desde hace más de un año fue juzgado y sentenciado en los medios de comunicación, el fiscal de la Nación declara que siente la presión y toma decisiones sometido a la misma. Ahora imaginemos que en el proceso, la Corte Nacional de Justicia llegara a declarar inocente al vicepresidente, entonces, se evidenciaría que se produjo uno de los mayores actos de persecución política y linchamiento mediático. Para validar lo actuado es muy probable que en este escenario, los persecutores busquen sostener la opinión pública deslegitimando a los jueces sin reconocer que a través de sus acciones en los medios violaron los derechos de una persona.

En consecuencia, en la lucha contra la corrupción se debe buscar la justicia, lo que implica legislar para fortalecer el Estado de derecho por sobre el de la opinión, evitando que las pasiones e intereses de cualquier tipo lo desborden.

La sanción apegada a derecho es un elemento básico en la lucha contra la corrupción, pero el objetivo debe ser erradicarla, y para lograrlo es necesario aprobar leyes que desincentiven y limiten en la medida de lo posible el acceso a la función pública a quienes tengan interés de usarla en busca de beneficios económicos personales; hay que legislar para garantizar que el único interés de una persona para acceder al servicio público sea precisamente ese, el servicio a los demás.

Por esta razón, la ley que impide que funcionarios públicos tengan cuentas o bienes en paraísos fiscales. Ese es un primer paso en la dirección correcta, aunque no es suficiente; el país demanda mayor radicalidad, así, el Ecuador vería con muy buenos ojos que a quienes ocupen cargos públicos de alto nivel se les imponga de por vida un límite al crecimiento de su  patrimonio.

¡Seamos honestos, justos y radicales en la lucha contra la corrupción! (O)