Luego de la primera reunión entre un jefe de Estado y representantes de las poblaciones LGBTI, se generó el acuerdo presidencial 21525 que dispuso al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social organizarse con las diferentes instituciones estatales la construcción de políticas públicas integrales para los grupos LGBTI.

Para esa época, la Revolución Ciudadana aún estaba en deuda con nuestras poblaciones y no se había podido erradicar la impunidad y la condición de ciudadanos diferentes. Los medios de comunicación reportaban, a diario, sobre las LGBTI: muertes violentas, desapariciones, tortura por terapias para supuestamente cambiar su orientación sexual, despidos laborales injustificados, violaciones dentro de los centros de rehabilitación, irrespeto a la identidad de género de hombres y mujeres trans, no registro de las uniones de hecho, expulsiones en centros educativos y todo un concierto de discriminación a quienes hicieron visible y pública su forma de ser.

Es así que en enero de 2014 entra a funcionar la mesa interinstitucional compuesta por más de 14 instituciones públicas, con técnicos de alto nivel de todas las funciones del Estado y donde incluso participó la Defensoría del Pueblo.

Al final de 2016, esta mesa capacitó a miles de funcionarios públicos, articuló con las organizaciones de la sociedad civil cientos de denuncias para restitución de derechos, cerró clínicas de deshomosexualización, generó un protocolo de atención a personas privadas de libertad, creó centros de salud inclusivos, permitió que personas trans culminen sus estudios, evitó despidos por razones de orientación sexual, dio seguridad social a las parejas diversas, articuló con la Asamblea Nacional la promulgación de leyes en respeto de la identidad de género, solucionó casos de muertes violentas archivados por años, repatrió los cuerpos de compatriotas fallecidas en el exterior, etcétera. Incluso, los diferentes Comités de Naciones Unidas aplaudieron el trabajo realizado por Ecuador en materia de reivindicación de derechos humanos a las poblaciones LGBTI.

Esperamos que el actual mandatario Lenín Moreno Garcés dé continuidad al trabajo realizado por la Mesa Interinstitucional, que actualmente se encuentra inactiva y por qué no decirlo, se cree un Comité Interinstitucional como el nacido con el Decreto número 11, del 25 de mayo de 2017, que dio existencia al plan ‘Toda una Vida’ para así atender con responsabilidad a un grupo humano que corre riesgo de volver al hueco donde estaba sumergido. (O)