Si el monto de la multa es la referencia, Odebrecht ha hecho una de las mayores confesiones de la historia empresarial. Una de las constructoras más grandes del planeta reconoció -ante los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza- que tenía un departamento de sobornos. Y desde ese búnker tejió la mayor telaraña de corrupción que se haya visto en América Latina. Esa práctica rodeada de oscuridad le pasa factura ahora: tendrá que pagar la asombrosa cifra de $ 3.500 millones.

Es un escándalo de dimensiones continentales. Y en el plano nacional, Odebrecht dice que pagó sobornos en Ecuador. Las autoridades tendrán que verificar esa versión, esclarecer quiénes eran los representantes de Odebrecht en el país y con quiénes mantenían vínculos. La empresa brasileña tiene oficinas en Quito y el país espera explicaciones. Tiene que responder una simple pregunta: si pagaron sobornos, ¿a quién y cuándo?

Es un asunto judicial, pero también un embrollo político. Al fiscal Galo Chiriboga la ciudadanía lo mira muy de cerca, más aún cuando Ecuador aún tiene fresco el fiasco de la fuga de Carlos Pareja Yannuzzelli. En la Asamblea, más de un legislador promueve su juicio político y cualquier error será usado para reactivar el proceso en su contra.

Al Gobierno, por su parte, otra vez lo salpica una denuncia de corrupción, a las puertas de arrancar la campaña electoral. Esta situación coloca al candidato presidencial de AP, Lenín Moreno, en un punto delicado: condenar cualquier ilegalidad e inmoralidad ocurridas, sin que eso signifique deslegitimar la obra pública del Gobierno en estos 10 años.

Pero hay otra arista. Resulta que el mayor contratante de Odebrecht en Ecuador es el Municipio de Quito, que hasta ayer guardaba un silencio ensordecedor. Ese sitial lo tiene por el Metro de Quito, actualmente, una obra en construcción.

La asignación del contrato fue un proceso tortuoso y ahora lleno de sospechas. Al alcalde le corresponde dar la cara. La oposición siempre ha demandado fiscalización y esa labor, en este caso, le corresponde a los concejales de la capital.

El país vive un cierre de año difícil. Para que haya calma, las autoridades deben responder todas las preguntas de manera inmediata, sin atenuante ni vacilación. La justicia, a su vez, debe investigar a fondo, de manera rápida y ágil.

De la rueda de prensa de ayer de Alexis Mera surge una duda, de carácter latinoamericano: ¿por qué el Brasil de Lula defendió a Odebrecht cuando fue expulsada de Ecuador por negarse a reparar el túnel de la hidroeléctrica San Francisco? ¿Era necesario retirar al embajador? ¿Cabía confrontar con un país amigo, en teoría, ideológicamente cercano, por una empresa, que ahora se sabe corrupta? Un triste pasaje de la integración regional. (O)