Encontrándonos inmersos en el proceso electoral previsto para 2019 en el país; y, específicamente en la etapa que corresponde a la inscripción de candidaturas a nivel nacional, con más de 11.000 autoridades para ser elegidas el próximo marzo; constituye un requisito la presentación de un plan de trabajo por parte de estos.

Este plan contendrá propuestas de diversa naturaleza: programática, específica y, en general, de la más variada índole; pero, no solo basta que este tenga las intenciones de lo que los candidatos quieren hacer; o, la reducción a papel de lo que ofrecen para captar la atención y el voto de los ciudadanos.

Al observar los planes de trabajo presentados en anteriores elecciones por parte de autoridades seccionales y nacionales; se puede ver que, la inexistencia de una norma específica y exigible sobre este tema, produce la no coordinación entre lo que se espera, contra lo que es presentado.

La esquematización de un plan de trabajo debe cumplir con estándares al menos aceptables en lo que acontece a las preguntas básicas en metodología: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?

Estas preguntas requieren de la consideración de elementos donde intervienen materias de índole académica, como competencia estatal (derecho), planificación (administración y economía), estado población (sociología); lo que convierte al plan en un documento multidisciplinar de interés nacional.

La situación y el problema que han sido descritos pueden ser solucionados desde el espectro académico con acciones como el entendimiento de una conciencia de responsabilidad ciudadana y estatal, de la significación del ejercicio del poder, la democracia y la participación ciudadana, como instituciones. Y, en segundo lugar la formación de estudiantes, conscientes de la integralidad de las ciencias y más que nada de la conjunción de materias estudiadas en un determinado momento; situación que desde la UIDE y su Facultad de Jurisprudencia son atendidas de manera constante e integral. (O)